Prensa Libre

SAMUEL PéREZ- ATTIAS

Quienes cometen un ecocidio no planean destruir al planeta. Es, sin embargo, la consecuencia de la persecución del beneficio individual y muchas veces monetaria de una actividad económica. En este caso la construcción de una carretera dentro del polígono del Patrimonio Cultural de la Nación que conforma el Parque Nacional Cuevas de Candelaria —acuerdo 188-99, del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)—.

Las cuevas de Candelaria, que se cree son a las que se refiere el Popol Vuh como la entrada a Xibalbá, son aún hoy un recinto sagrado para la comunidad kek’chi. Con más de 80 kilómetros es considerado el sistema espeleológico más grande de Latinoamérica que se ha descubierto. Su frágil ecosistema es santuario de venados, monos aulladores, loros y tucanes. Probablemente uno de los últimos lugares del mundo con tanta biodiversidad concentrada sin interferencia humana.

De acuerdo con Sergio Sierra, director del Proyecto Candelaria, con el propósito de construir una carretera financiada por la Municipalidad de Raxruhá, se ha dinamitado en el corazón del Parque Nacional para cortar los mogotes kársticos. Las explosiones derrumbaron algunas cavernas y ponen en peligro el ecosistema. Se ha deforestado el bosque tropical primario. El daño solo es el comienzo si no se toman medidas cautelares.

Según la información, en el Ministerio de Cultura y Deportes no existe ninguna solicitud y tampoco una autorización para tal construcción. Según la fuente, el MARN informó también que no existe ninguna autorización.

El Conap, el MARN y en este caso el MCD, el Idaeh y el Inguat son algunas de las entidades que tienen la obligación y responsabilidad institucional de supervisar, regular y en este caso intervenir ante la destrucción ambiental en Candelaria si es necesario. Los diputados tienen la responsabilidad ante la ciudadanía de conocer, considerar y actuar respecto de las implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales de este hecho. La población en general, usted y yo, somos también parte de ese ecosistema. Le pertenecemos y nos pertenece. Tenemos la responsabilidad moral de proteger dicho patrimonio humano. De acuerdo con Sergio Sierra y Daniel Dreux, el acceso antiguo fue cerrado arbitrariamente a pesar de la orden del juez de dejarlo libre. Una solución es abrir de nuevo este acceso y detener la construcción de la carretera inmediatamente. Con apoyo internacional, desde esta tribuna, demandamos al Estado.