El empecinamiento había sido tal que las principales autoridades de Gobierno y del órgano recaudador se habían dado a la tarea de defender a ultranza el proyecto, aún descalificando la crítica de los medios independientes que claramente habían planteado lo inviable de ese negocio para el país. Finalmente se impuso la cordura y el proyecto ha sido pospuesto, aunque eso para nada constituye garantía de que no se insistirá en medidas similares, pues hasta ahora prevalece el modelo de hacer negocios a la sombra del Estado.

Hay que reconocer que uno de los grandes obstáculos para que la SAT cumpla con sus obligaciones es la interferencia del poder político, el cual más bien ha entorpecido su labor, pues es una entidad de eminente naturaleza técnica y no puede estar sometida a criterios antojadizos y clientelares, porque ello en nada mejora su tarea. En la medida en la que se irrespeta esa misión se corre el riesgo de que fracase cualquier iniciativa que busque mejorar la recaudación, lo cual tampoco debería ser una tarea tan complicada.

El problema con el negocio que se había puesto en marcha es que evidenciaba ser un arreglo previamente establecido para beneficiar a una empresa, lo cual no era una simple contratación y todavía comprometía más al Estado al desvirtuar la misión de la SAT, al disponer de un porcentaje de la recaudación, lo cual ya rayaba con la ilegalidad. No entender eso y pretender ver la crítica como algo injustificado solo había abonado en la percepción de que existían otros intereses más poderosos detrás de la persistencia en esta contratación.

Este tipo de negociaciones son las que están socavando la institucionalidad en Guatemala, porque con planteamientos de ese tipo se vulnera el prestigio de entidades que están llamadas a representar un papel crucial en el desarrollo del país, pero cuando se interfiere en sus labores de mala manera se corre el riesgo de volverla onerosa e inoperante. En el fondo, la labor de una entidad como la SAT debe ser de las más efectivas, porque cuenta con las herramientas legales, técnicas y presupuestarias suficientes para que brinde resultados satisfactorios.

Su inoperancia solo se explica con el manoseo al que se ha visto sometida en los últimos años, donde las mafias enquistadas en estructuras de poder han dificultado su funcionamiento u obtenido los beneficios directos, lo cual redunda en una deficiente recaudación de impuestos. La SAT es una de las instituciones más caras para los guatemaltecos, y lo menos que debería esperarse es que funcione en consecuencia, y eso solo se logrará con autoridades menos serviles y con la suficiente honestidad.