Pero eso es allá, en el sur, en un país de tradición democrática con condiciones e indicadores sociales distintos de los nuestros. Aquí muchos funcionarios que llegan al Estado lo ven como una segura fuente de generación de jugosos ingresos para vivir lujosamente. Se trata de ver cómo obtienen la máxima ventaja posible de la oportunidad que tienen de estar temporalmente en los cargos.

La situación coyuntural que estamos atravesando, una de muchas, que a lo mejor llevará al punto de cerrar el Estado, afecta primordialmente a las personas de escasos recursos, a quienes tienen necesidades de acceder a servicios de justicia, de salud, a trabajadores que reciben modestos salarios, es decir, a los desfavorecidos. No se trata solo de no pagar aguinaldos o hacer convivios, son cosas de vida o muerte.

Las constantes amenazas de que se retendrán los pagos de salarios afectan de distinta forma a las personas. Los que perciben salarios dignos  tendrán sus ahorritos, los que están en la gran base de salarios mínimos y que viven al día  se estarán tronando los dedos, pues seguramente tendrán que seguir pidiendo fiado.  Es escandalosa la debacle en el Hospital San Juan de Dios, un nosocomio que cuenta con mano de obra altamente calificada, de primer nivel, con galenos que tienen gran mística pero no son magos para inventar los insumos indispensables para ayudar a aliviar el dolor de la gente.

La falta de guantes es un verdadero atentado a la salud y seguridad de médicos y pacientes, pedir que los enfermos, que carecen de recursos, pues si no acudirían a un centro asistencial privado, lleven sus insumos es inhumano, tanto como exigirle al cuerpo médico que trabaje en esas condiciones. Esos especialistas salvan vidas y no ganan ni la tercera parte de lo que perciben altos funcionarios que no tienen ni su calificación, ni sus responsabilidades.

Por eso ofende el aumento salarial disfrazado que hicieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, una entidad que en el pasado gozó de un prestigio ganado por la honorabilidad y calificación de quienes lo integraron. Qué razón y qué solvencia moral tiene el licenciado Mario Guerra, al decir que es vergonzoso y agrede nuestra realidad los altos sueldos que perciben y, encima, ahora se los incrementaron.

Si no estaban de acuerdo en ganar “la miserable suma de Q63,150 mensuales”, que nos digan ¿por qué aplicaron para esos puestos?, ¿por qué hicieron tan desesperado cabildeo para resultar electos? Sería interesante saber si tenían esos ingresos antes de llegar al TSE.

Ojalá que este repudio ante su ambición  no sea solo para posponer la decisión  a un momento “más oportuno”.

Merecemos funcionarios públicos excelentes, honrados, éticos y con visión de Estado.

iliaalamilla@gmail.com