En la primera audiencia, celebrada ayer, González Portillo debió escuchar los argumentos legales de la jueza sexta de Instancia Penal, Silvia de León Santos, quien se vio obligada a expulsar de la sala al abogado defensor, Víctor Hugo García, protagonista de un altercado con los periodistas que cubrían el caso, luego de que estos protestaran porque él tenía gente tomándoles fotos, en una actitud de intimidación.

Lo ocurrido deja espacio para varias consideraciones: primero, la jueza no aceptó que por motivos de salud el sindicado pudiera permanecer en un hospital. Segundo, lo dejó ligado a proceso mientras el Ministerio Público tiene el tiempo de efectuar las investigaciones, que alcanzan hasta tres meses. Tercero, el nuevo efecto negativo que tendrá en el Partido Patriota que se encuentre en prisión uno de los suplentes del comité ejecutivo patriotista.

Vernon González es el director ejecutivo en el Registro de la Propiedad. Su contrato está bajo el renglón 029  y devenga un salario cercano a los 35 mil quetzales por cuatro horas de trabajo, lo que lo inhabilita para funciones para las cuales fue contratado. Le ha tocado realizar mucho trabajo porque hace pocos días la registradora general, Anabella de León, se ausentó, por problemas de salud, y la subregistradora, Conchita Mazariegos, se encontraba de viaje. Esa ausencia doble genera conflicto para el Estado, según los artículos 1,225 y 1,233 del Código Civil. Queda claro que el sindicado ejerce su profesión muy cerca de la cúpula del partido oficial.

Lo ocurrido ayer se suma a una serie de problemas para el Ejecutivo, como, por ejemplo, el caso de la diputada Emilennee Mazariegos, muy cercana a la Vicepresidencia, o la  salida abrupta de Francisco Cuevas de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, quien también se apartó de esa manera cuando, en tiempo de Álvaro Colom, era viceministro de Gobernación. Otro caso son las declaraciones del exministro de Salud  Jorge Villavicencio, a quien el presidente Otto  Pérez Molina respondió públicamente, en un  inconveniente intercambio de opiniones negativas.

Los ciudadanos observarán con interés el desarrollo y desenlace de los acontecimientos, que tendrán relación directa con la manera como el sistema jurídico del país funcionará en este caso. Cuando los jueces actúan de manera profesional, ayudan a afianzar la credibilidad en las leyes y su aplicación, lo que en sí mismo es un factor de avance.