Prensa Libre

El espíritu de la resolución de la CC es que se cumpla con el debido proceso, y esto podría implicar que sea anulado todo lo actuado por los jueces Miguel Ángel Gálvez y Jazmín Barrios. Esta última, en la audiencia de hoy, está obligada a enviar el expediente completo a la jueza Flores, lo que significa que dejará de conocer el caso. No podrá dictar sentencia porque, al igual que el juez Gálvez, ya conoció un proceso del cual se ha formado criterio y, en aras del fiel cumplimiento de la doctrina y ordenamiento jurídicos, ambos quedan fuera.

La eventual y francamente difícil posibilidad de desobediencia en el proceso pondría al sistema legal del país en un brete, porque afianzaría el criterio de los defensores, para quienes no se ha cumplido con el respeto al debido proceso. No se puede olvidar que también el sistema de justicia está enjuiciado en cuanto al elemento fundamental de balance y de respeto a las normas, como ocurre en los países de sistemas judiciales sólidos.

Este caso ha generado mucho ruido en el ambiente nacional. Ha habido numerosas muestras de presión sobre los tribunales para conseguir una sentencia por genocidio o para que sea en sentido contrario. La trascendencia del caso va mucho más allá que la condena contra dos militares, porque, evidentemente, los testimonios presentados durante el proceso han sacudido la conciencia nacional, dejando al descubierto detalles de un pasado innegable, doloroso y difícilmente comprensible.

Al mismo tiempo, las críticas de la defensa en cuanto a situaciones procesales que deberán ser explicadas en su momento han dejado en entredicho la fortaleza del formalismo legal en nuestro sistema. Ayer mismo ocurrió un hecho que evidencia desbalance, cuando fueron limitadas a cinco minutos las intervenciones de los peritos de descargo propuestos por los abogados, quienes señalaron que ese límite de tiempo no lo tuvieron los testigos de cargo.

Es importante señalar que esta decisión no significa de ninguna manera el triunfo de los acusados, y que debe ser vista como una muestra de independencia de criterio, que sin duda provocará reacciones encontradas. Lo que se debe exigir es precisamente que cualquier juicio tenga balance, cuya ausencia mancharía el veredicto y el sistema, que tiene aspectos de fondo, pero también de forma, como en este caso. Se debe exigir drasticidad en el cumplimiento de las normas y sería desafortunado que un error así destruyera un proceso cuyo peso histórico es evidente.