Prensa Libre

Otros factores, estos sí mencionados por la CSJ, se refieren a que según su criterio, al no tener el beneficiado una carrera judicial, es decir, haber pasado por varios puestos previos, no está afecto a las decisiones de la ley que regula esa carrera, al haber sido electo para ocupar el puesto que mantendrá hasta el fin del período. La consulta del licenciado Archila fue respondida por la corte en la forma indicada, hecha pública ayer por el presidente de ese organismo, Gabriel Medrano Valenzuela.

El asunto también merece análisis desde el punto de vista de lo ocurrido en una ocasión anterior, cuando el entonces magistrado Rodolfo de León Molina debió dejar el cargo ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que ahora aún no se ha pronunciado. El punto fundamental se refiere a si hay diferencias entre los magistrados que han pasado por los juzgados en diversos tipos de funciones, y si por esa causa sí están afectos a lo señalado por la ley del servicio civil.

Como desafortunadamente ocurre cada vez más en el país, un asunto que debería tener un matiz eminentemente jurídico y de doctrina de Derecho, de alguna manera se contamina por factores políticos. Las palabras del presidente del Congreso, Gudy Rivera, quien se manifestó interesado en que el asunto fuera resuelto lo antes posible, provoca el convencimiento en algunos sectores de que detrás de todo este asunto hay un interés para que el magistrado Archila Larayes deje su puesto.

Tal actitud no necesariamente se debe a que haya inquina contra él, sino a que exista un interés en que llegue a la CSJ un magistrado que sea considerado proclive a intereses políticos determinados. Esto sería entonces el factor principal que está moviendo el asunto, con el conocimiento o no de todos los analistas que se han manifestado sobre este caso.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la necesidad, en todo caso, de agregar nuevas condiciones para que alguien llegue a ser magistrado de la CSJ, en lo referente a que solo puedan ser electos quienes cumplan 75 años después de haber terminado el período al que aspiran. Ello de hecho dejaría fuera de una magistratura de esa corte a quienes tengan 70 años o más. El argumento final es que una edad fija para retirarse puede ser interpretada como discriminatoria, porque implica que quienes llegan a esa edad dejan de tener capacidades suficientes para ejercer su tarea. La historia está llena de casos en los que tal cifra etaria es sinónimo de una valiosa acumulación de experiencia vital y profesional.