Prensa Libre

En efecto, nadie tiene motivos de queja porque se trate de cumplir las promesas de campaña y además atender el clamor popular acerca de la urgencia de terminar con la inseguridad, a inmediato o mediano plazo. Sin embargo, si ello se plantea como una razón para afectar a instituciones culturales de cualquier índole, el mensaje resulta ser contraproducente, porque se puede entender como anticultural.

El primer hecho en esa línea tiene lugar en Quetzaltenango, donde el fin de semana el director de Fonapaz, Armando Paniagua, reunió a representantes de las instituciones que integran el Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango, al que le fue asignado lo que fue la estación del Ferrocarril de los Altos, para informarles que de orden presidencial deben aceptar desalojar hoy de inmediato, para que allí sea instalada la nueva Academia de la Policía Nacional.

En ese lugar funcionó la base militar de Quetzaltenango, que por los acuerdos de paz fue trasladada a Huehuetenango. Desde entonces se encuentra dicha asociación, integrada por la Gobernación, la Municipalidad, la mesa económica e institucional, del sector privado; la mesa de concertación, de grupos sociales e indígenas, y el llamado grupo gestor.

El acuerdo gubernativo indica que debe ser utilizado como centro intercultural, lo que se facilita porque está a pocas cuadras del templo de Minerva, y por eso se han realizado exposiciones y funcionan la Escuela de Arte Humberto Garavito, la Escuela Regional de Arte, los museos de la Marimba, del Traje Maya y del Ferrocarril de los Altos, además de tener canchas de futbol para las ligas menores, las escuelas de artes marciales, y se construye un auditorio para 300 personas.

El presidente Otto Pérez Molina tiene entonces la posibilidad de decidir que dicha escuela policial, cuya urgencia nadie pone en duda, funcione en otro lugar, y que no se les transmita a los ciudadanos guatemaltecos la falsa dicotomía entre cultura y seguridad, porque no tiene sentido. Fonapaz, cuya actividad ya es motivo de serias dudas acerca de sus actividades, por la amplitud de sus funciones, es ahora el centro de discusiones y división entre los quetzaltecos, que ven la actitud de Paniagua como un clásico “presidentazo”.

Este caso tiene además la particularidad de ser fácil de arreglar, con una orden presidencial complementada con otra que señale la inconveniencia de convertir en impopular la toma de medidas necesarias para combatir la criminalidad. El caso parece ser ejemplo de la clase de actitudes que, en la insistencia por solucionar un problema, no toman en cuenta las consecuencias.