Error de concepto

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Mientras esto sucedía, muchos vecinos de las áreas periféricas de esos centros se quejaban del bloqueo de sus dispositivos móviles, debido a que los bloqueadores afectan también a las áreas circundantes. Esto, sin duda, es un daño colateral potencialmente peligroso, dado que muchas familias quedan incomunicadas, lo cual representa un alto riesgo en caso de emergencia y afecta a personas que nada tienen que ver con el tema de seguridad.

Hasta aquí todo parece encajar en una estrategia razonable para eliminar de raíz el problema de las extorsiones desde las cárceles. Pero, ¿es realmente razonable perjudicar a los vecinos para atacar una de las actividades criminales de mayor incidencia en Guatemala? ¿No será que esta estrategia esconde un profundo error de concepto?

Exigir a las empresas poner remedio al mal equivale a delegarles una responsabilidad del Estado. Las comunicaciones telefónicas y por internet desde los centros carcelarios han sido y son posibles gracias a un problema endémico por todos conocido: la corrupción del sistema. El ataque, por lo tanto, debe enfocarse hacia ese punto, estableciendo controles estrictos para impedir de manera categórica el ingreso de cualquier elemento capaz de enviar o recibir una señal electroacústica y, de ser posible, complementar la medida poniendo a funcionar los bloqueadores de señal anteriormente adquiridos por el Estado y anulados por obra y gracia de quienes se han sentido perjudicados.

La responsabilidad de controlar la seguridad de los centros del Sistema Penitenciario corresponde a las autoridades de Gobernación y no a la ciudadanía ni al sector privado. Aun cuando las empresas de telefonía hayan tenido un origen y desarrollo fincado en privilegios bastante discutibles, no tienen injerencia en este problema ni tienen por qué intervenir en dependencias desde donde se origina una fuerte actividad delictiva.

Sumado a eso, hoy han sido afectadas las áreas vecinas y esos ciudadanos tendrían toda la razón de exigir indemnización por la pérdida de su derecho a recibir un servicio por el cual están pagando. El método utilizado confirma que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y que no es correcto sacar las castañas con la mano del gato.

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