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Prensa Libre

16/03/13 - 01:26 Opinión

Q’ANO’JB’AL

Escalada de terror

Criminalizar las luchas sociales y convertir en perseguidos políticos a líderes de los pueblos, comunidades y organizaciones se está convirtiendo hoy en una práctica cotidiana de este gobierno y, por lo consiguiente, encaminándonos a vivir de nuevo bajo un terrorismo de Estado, que tiene como objetivo allanar el camino para el ingreso de empresas multinacionales en los territorios indígenas, cumpliendo así con el compromiso que el presidente hizo en su reciente visita a Europa, principalmente a España.

KAJKOJ MáXIMO BA TIUL

Como lo manifiesta la mayor parte de organizaciones, comunidades y pueblos de Guatemala, es “inconcebible la persecución legal contra los líderes y lideresas”, cuando en realidad, lo único que están defendiendo es su “derecho a vivir bien”. Además, cuando el Estado guatemalteco y este gobierno ha reconocido que uno de sus compromisos es proteger y defender a los “defensores de los derechos humanos en el país”, no es posible que se les acuse como “incitadores a la rebelión”, cuando en realidad el Estado hasta el momento no ha querido escuchar el clamor del pueblo.

Con esto no se duda que se esté desarrollando una escalada de violencia en contra del liderazgo social. El Estado y el Gobierno, en vez de aclararlo no se pronuncia: órdenes de captura en contra de lideres comunitarios, porque se oponen a la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre el Río Dolores, Cobán, Alta Verapaz; el asesinado extrajudicial de Tomás Quej, de la comunidad Kalijá, Purulha, Baja Verapaz; el asesinato extrajudicial del sindicalista Carlos Hernández Mendoza, la captura de los líderes German y Santiago Vargas Hernández, de la comunidad La Primavera, de San Cristóbal Verapaz, son los últimos ejemplos.

Líderes y lideresas de todo el país dicen que el “sistema jurídico guatemalteco nuevamente está respondiendo a los intereses del gran capital y no de los pueblos”. Cada vez más el mandato constitucional de “velar por el bien común” está siendo violado por el Gobierno y el Estado cuando se ensaña contra una gran mayoría de ciudadanos y queda bien con pocos, siendo estos ciudadanos de otros países, como es el caso de las multinacionales —España, Alemania, Italia, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra— que han fincado su interés en destruir los recursos naturales de los pueblos de Guatemala.

Ante todo esto, la llegada de un nuevo papa exige a la iglesia católica retomar su papel histórico de “demandar” a los gobiernos del mundo y principalmente al de Guatemala que termine la desigualdad y la injusticia social.

Hoy, la Iglesia debe responder a los signos de los tiempos y optar preferencialmente por los pobres. Como fue siempre el mandado de Jesús, quien durante toda su vida “optó por los humildes y desvalidos”. Es decir, su reto es volver al mandato del Concilio Vaticano II: “Abran las ventanas, para que entren nuevos vientos a la Iglesia”.


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