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07/07/13 - 00:02 Opinión

PLUMAS INVITADAS

Esclavitud moderna

la trata de personas es un delito que se refiere al comercio ilegal de seres humanos con propósitos de explotación, servidumbre, trabajos forzados y esclavitud. Naciones Unidas considera la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI, cuyas principales víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes.

MARíA EUGENIA VILLARREAL

La trata es una de las peores violaciones a los derechos humanos de las personas, ya que los criminales explotan a sus víctimas y las someten a la esclavitud. Los tratantes para controlar y dominar a sus víctimas utilizan diferentes formas de dominación, como la violencia física, mental, emocional, la coacción y las amenazas.

Este delito está vinculado a las organizaciones criminales y al crimen organizado, son las mismas estructuras las que cometen no solo el traslado y venta de drogas y armas, sino de personas que las captan ya sea en los flujos migratorios, en las redes sociales o en la población vulnerable, a la que engañan ofreciéndole trabajo, estudios, viajes, dinero, entre otros.

En los últimos años la trata con fines de explotación sexual y laboral se ha incrementado, por lo que ha aumentado la mano de obra esclava de hombres, mujeres y niños en las áreas de industria, comercio y servicio.

Este delito tiene graves repercusiones a nivel del país, de la sociedad, de la familia y principalmente de la víctima. Las repercusiones que este delito tiene en Guatemala son muy variadas, a nivel de la seguridad nacional, ya que se trata de un crimen trasnacional e interno, en el que los tratantes usan y cruzan el país para cometer sus fechorías violentando las leyes y sus instituciones, a través de la compra de voluntades de ciertas autoridades para que les permitan trasladar a sus víctimas de un lugar a otro en el país y para cruzar las fronteras.

Otra repercusión es a nivel de la gobernabilidad del país, ya que los tratantes fomentan la corrupción de los oficiales y las autoridades principalmente del sector justicia, de la policía nacional, de migración y de cualquier otra autoridad que necesiten sus favores, penetran las instituciones tanto a nivel nacional como departamental y municipal, lo que les permite controlar rutas, áreas geográficas o espacios que necesiten para operar.

Por lo tanto es necesario que todas las autoridades tengan conocimiento y conciencia social de este delito y de sus consecuencias y se destinen los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para combatirlo.

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