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21/04/13 - 00:00 Opinión

Tiempo y destino

Gibraltar, Malvinas y el caso de Belice

 El reconocimiento de la independencia de Belice por parte de Guatemala tomó por sorpresa a la población guatemalteca pues, por tratarse de un asunto de especial trascendencia, debió ser sometido a consulta popular, como lo dispone el artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución de 1985, el cual dice textualmente:“El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución”.

LUIS MORALES CHúA


Este artículo expresa que “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas al procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”.

De modo que la tradicional divisa nacionalista según la cual “Belice es territorio guatemalteco” pasaba definitivamente al olvido. A partir de entonces solamente se hablaría de algunos derechos de Guatemala sobre el citado territorio.

Una de las primeras reacciones contra lo sucedido provino de los ciudadanos Jorge Eduardo García–Salas Calderón y Héctor Rolando Palomo González. Promovieron separadamente acciones de inconstitucionalidad contra el reconocimiento de la independencia de Belice. La Corte de Constitucionalidad las acumuló en un solo expediente.

El primero pidió declarar inconstitucional el acuerdo de nombramiento número 523 emitido por el presidente de la República, por el cual nombró a Ricardo Humberto Bueso Deras embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno de Guatemala ante el Gobierno de Belice.

El segundo pidió declarar inconstitucionales las disposiciones de carácter general mediante las cuales el presidente de la República, Jorge Serrano Elías, reconoció la independencia de Belice. García-Salas Calderón actuó auxiliado por los abogados Gabriel Orellana Rojas, Marieliz Lucero Sibley y Carmen Yolanda López Téllez de Cáceres. Palomo González compareció con auxilio propio y el de los abogados Luis Alberto López Moncrieff y Fredy Alberto de León.

La Corte —integrada para resolver las citadas acciones con los abogados Jorge Mario García Laguardia, Adolfo González Rodas, Epaminondas González Dubón, Gabriel Larios Ochaita, Josefina Chacón de Machado, Carlos Enrique Reynoso Gil y José Antonio Monzón Juárez—, en sentencia dictada el 3 de noviembre de 1992 declaró sin lugar las dos acciones de inconstitucionalidad. Pero, García Laguardia, González Dubón y Reynoso Gil, razonaron su voto en la siguiente forma:

“I.-VOTO ADVERSO. La ley preceptúa que las decisiones de la Corte serán firmadas obligadamente por todos los magistrados y si alguno disiente de la mayoría deberá razonar su voto. En acatamiento de la norma legal firmamos la sentencia aprobada por la mayoría, pero manifestamos que discrepamos totalmente del fallo, motivo por el cual razonamos nuestro voto adverso. En las sesiones en las que se discutió este asunto, durante varios meses, expusimos ampliamente nuestro criterio, que se resume en este voto razonado.

II.MARCO DOCTRINARIO. – La Constitución es una norma jurídica de carácter supremo que prevalece sobre todas las demás y se impone a los habitantes en su conjunto, esto es, a gobernantes y gobernados. Uno de los principios fundamentales que informan el ordenamiento jurídico guatemalteco es el de la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide está el ordenamiento constitucional establecido por el Poder Constituyente, y como ley suprema es vinculante para los poderes constituidos y para los particulares a efecto de consolidar un Estado Constitucional de Derecho. La superlegalidad de la Constitución tiene su origen en la fuente especialísima de donde proviene: el Poder Constituyente. (Continuará).

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