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05/05/13 - 00:00 Opinión

TIEMPO Y DESTINO

Gibraltar, Malvinas y el caso de Belice

Añade el voto razonado de los magistrados García, González y Reynoso: En el análisis del asunto debe considerarse que, desde el punto de vista histórico y jurídico, Guatemala tiene derechos territoriales sobre Belice, aspecto que, obligadamente, se reconoce en el relato histórico de la sentencia, por lo que es innecesario repetirlos. Baste señalar que en el tratado del 30 de abril de 1859 celebrado entre Inglaterra y Guatemala, al que incorrectamente se le denominó“de límites”, se acordó una cesión del territorio por parte de Guatemala en favor de Gran Bretaña,

LUIS MORALES CHúA

a cambio de una contraprestación contenida en la cláusula compensatoria —construcción de una carretera— obligación que Inglaterra nunca cumplió. La doctrina jurídica determina que en todo convenio existe una condición resolutoria implícita y que ésta se realiza cuando una de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, lo que origina la resolución del convenio, tesis que también reconoce el Derecho Internacional.

En la Constitución de la República emitida en 1945 se declaró que Belice era territorio de Guatemala. En concordancia con la Constitución, el Congreso de la República emitió el Decreto 224 de fecha 9 de abril de 1946 mediante el que se declaró la caducidad del Tratado de 1859 basándose, entre otras consideraciones, en “que es doctrina internacionalmente aceptada, defendida además por tratadistas ingleses, que en el incumplimiento de una cláusula contractual por una de las partes contratantes, da derecho a la otra para desligarse, a su vez, del cumplimiento del tratado íntegro…” Consecuentemente, se mantiene respecto a Belice la situación legal existente con anterioridad al referido tratado, o sea que subsiste la vigencia de los derechos territoriales de Guatemala.

Por otra parte, reafirmando tales derechos, el artículo 21 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la dirección de las gestiones tendientes a la reintegración del territorio de Belice.

Las Constituciones de 1956 y 1965 también declararon expresamente que Belice es parte del territorio de Guatemala, esto es, reiteraron los derechos de dominio sobre el territorio detentado por la Gran Bretaña y que ahora es Belice.

La actual Constitución Política mantiene la titularidad de los derechos territoriales en referencia, aunque flexibilizó lo relacionado con los mecanismos por los cuales se puede llegar a una solución de la centenaria controversia. En efecto, el constituyente no hizo ninguna renuncia. El artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución preceptúa en el primer párrafo: “El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución”.

Conforme a la norma transcrita es obligatorio que cualquier acuerdo o decisión definitivo que realice el Organismo Ejecutivo relacionado con aquellos derechos, debe ser sometido a la decisión del órgano en el que reside la soberanía: el pueblo de Guatemala. El artículo prevé la posible celebración de múltiples acuerdos definitivos, porque pueden ser muchas las materias objeto de convenios, pero el Ejecutivo no está autorizado para decidir por sí mismo, porque ello es contrario a la Constitución. Al analizar el texto constitucional y relacionarlo con las actas de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se llega a la conclusión de que, inexorablemente, corresponde al pueblo en ejercicio de su derecho de autodeterminación, decidir soberanamente acerca de cualquier convenio definitivo sobre los derechos de la República en relación con Belice.

Ahora bien, si se tratara de un acuerdo o convenio que no tuviera carácter de definitivo, acerca de los mencionados derechos territoriales, debe considerarse que el Presidente de la República tampoco tiene facultades absolutas para decidir. (Continuará).

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