La incursión armada, el 25 de septiembre del 2006, a la citada granja penal, situada en el municipio de Fraijanes, no habría tenido mayores repercusiones internacionales, de no ser por las siete muertes —calificadas de ejecuciones extrajudiciales por la Cicig— ocurridas en el interior del presidio, y por los procesos penales incoados, uno en Guatemala y otro en España, contra el ex funcionario.

En Guatemala otro procesado de alto rango es el ex director del Sistema Penitenciario doctor Alejandro Giammattei, quien guarda prisión en la Brigada Militar Mariscal Zavala, a donde fue remitido por medidas de seguridad, ya que su internamiento en un centro penal común lo podría colocar en la mira de recluidos peligrosos, animados de sentimientos de venganza.

En la entrevista, Vielmann afirma que la incursión armada en la granja penal no fue una decisión suya únicamente, como responsable de la seguridad interior del país, sino una acción ordenada por el gabinete de Seguridad del Gobierno, presidido por Berger. Ese gabinete se integra con el presidente de la República, los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional y el director general de la Policía Nacional Civil.

Las declaraciones de Vielmann podrían dirigir el proceso también en dirección a otros miembros del Gabinete de Seguridad de aquellos días, hasta ahora no involucrados en las acciones judiciales, particularmente porque la situación del ex ministro experimenta cambios de un día para otro.

El 14 de octubre, como consecuencia de una solicitud de extradición del Gobierno de Guatemala, fue detenido y enviado a prisión incondicional por orden de un juez de la Audiencia Nacional de España. Días más tarde, por una lentitud de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en enviar la documentación justificativa de la solicitud de extradición, Vielmann fue puesto en libertad.

Pero, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala reaccionó con prontitud y trasladó su actividad al propio corazón de Madrid y le abrió un proceso en España, al amparo de la legislación de ese país. La Fiscalía General española de inmediato solicitó a la Audiencia Nacional ordenar la captura de Vielmann, a quien imputa crímenes de lesa humanidad —cometidos por un español en Guatemala—, porque el ex ministro obtuvo la nacionalidad española el 7 de abril de 2009, lo cual puede ser su tabla de salvación o su condena. De no ser por esa nacionalización podría haber sido extraditado y juzgado en Guatemala, donde él confía ser absuelto. El caso tiene que ver con una sorpresiva —y todavía no muy bien explicada— resolución del Congreso de los Diputados de España, aprobada en mayo del 2009, por la cual ese país no iniciará más procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en países extranjeros, salvo que entre las víctimas figuren ciudadanos españoles. Pero, procesará a españoles que cometan esos crímenes en cualquier parte del mundo si llegan o regresan a España.

Lo que algunos se preguntan es dónde le sería más justo, ecuánime y objetivo el proceso, si en España o en Guatemala. Las Naciones Unidas, por ejemplo, desean que el proceso sea tramitado en España.

No sé si es porque esa organización mundial cree más en la justicia española que en la guatemalteca. Es cuestión de opiniones. Yo pienso que aquí la justicia es ondeante y diversa, y por ello, si es inocente, puede ser absuelto; si es culpable, puede ser condenado; si es inocente, puede ser condenado; y si es culpable, puede ser absuelto, como ha ocurrido en otros casos. Esto no habrá de suceder en España, porque allá el caso no estaría sometido a los vaivenes de la política partidista nuestra.