Prensa Libre

MAGALí REY ROSA

que uno de los peores conflictos que enfrentan ahora las compañías mineras es con sus mismos trabajadores, como lo demuestran los casos de la mina Marlin y el de El Estor —donde los kaibiles cuidan los intereses mineros rusos—, aunque este dedo pretenda tapar el sol acusando a la población que rechaza la minería, calificándola de ecoterrorista.

El sector minero —avalado por el ministerio contra el ambiente— niega tenazmente que la explotación de los metales pueda estar provocando contaminación en Guatemala. En Estados Unidos, el más reciente inventario de contaminación tóxica anual de la Agencia de Protección Ambiental acaba de revelar que las multinacionales que minan metales —como oro, plata y cobre— producen muchos más desechos tóxicos que cualquier otra industria en aquel país. Los desechos tóxicos pueden causar serios impactos en el agua; como resultado de la minería, 40% de los acuíferos del oeste de los EE. UU. presenta contaminación. Pero aquí no, vociferan los defensores de la minería; y creen que ya taparon el sol.

Muy a pesar de la oposición a la minería que ha manifestado la mayoría de la población (y que ofuscadamente pusieron en duda el sector minero y sus cómplices, hasta que la encuesta de PL les tapó la boca), todos los gobiernos —desde Arzú hasta Pérez— han dado más crédito y apoyo a los mineros que a los guatemaltecos que los llevaron al poder. Por más dedos que quieran meter, con los terribles sucesos de la última semana quedó clarísimo algo de lo que realmente produce —para la población a la que fuerzan a convivir con ella— la explotación de metales hecha por compañías transnacionales en un país en vías de desarrollo. Hoy, cientos de compromisos entre el Ministerio de Energía y Minas y compañías extranjeras ponen en peligro el futuro de miles de guatemaltecos y de los territorios que han sido concesionados para que se exploten —junto con el agua y la energía que la explotación minera necesita—. La población guatemalteca está severamente dividida y los conflictos se exacerban entre acusaciones y señalamientos.

Es hora de ponerle un alto a esta locura. Además de la urgente moratoria a nuevos contratos mineros, es imperativo hacer un ejercicio de costo/beneficio, para que no sigamos por este despeñadero —que obviamente resulta muy cómodo para los gobernantes de turno y para quienes se enriquecen directamente con sus socios mineros— que condena el futuro de Guatemala. Esta es una propuesta razonable, que cualquier empresario haría si se tratara del futuro de su familia y su empresa. Presidente Pérez, se le está acabando el tiempo de hacer algo decente para detener la crisis social que ha desatado la minería metálica en nuestro país.