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29/01/13 - 00:00 Opinión

HOMO ECONOMICUS

Hágase el desarrollo

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) ha dado su “bendición” a la llamada Ley de Desarrollo Rural. En un mensaje emitido el 25 de enero pasado, reclaman a los diputados que la misma no haya sido aprobada todavía. La CEG regresa a jugar política y se vuelve a equivocar. Dice la CEG: “La negativa a la discusión y eventual aprobación de Ley de Desarrollo Rural largamente trabajada y consensuada con diversos sectores representativos de los intereses campesinos muestra que el organismo Legislativo debe tomar con seriedad y responsabilidad su auténtica misión de ser representantes del pueblo”.

JOSé RAúL GONZALEZ MERLO

 Más allá de la frase anterior, la CEG no explica las razones por las cuales la mentada ley contribuiría al “bien común” o al “desarrollo rural”. No es una omisión menor. En materia legislativa la CEG tiene la grave obligación de explicarlos, ¿qué le ven de bueno?

Pero no es así y la CEG prefiere hacerle ciego caso a lo que ellos llaman “sectores representativos”. Si el CUC está incluido en esos “sectores” me parece que la CEG no debería cometer el error de confundir el llamado de “la opción preferencial por los pobres” con “la opción preferencial por el socialismo”. La CEG desconoce o ignora que, para poder aspirar a tener cualquier tipo de desarrollo, llámese a este “rural” o como sea, se requiere necesariamente de inversión de capital. La pregunta es si la famosa Ley promueve o espanta la formación de capital. La respuesta es evidente. Al crear incertidumbre en los derechos de propiedad, promover el minifundio, crear una burocracia que centralizará la toma de decisiones y manejará a su antojo diversas “políticas de desarrollo”; está claro que la Ley no logrará el objetivo ofrecido.

Por otra parte, hace bien la CEG en denunciar la violencia. El comunicado condena el reciente allanamiento de las oficinas de Avancso, un centro de investigación de ciencias sociales. Se menciona: “Ojalá que este hecho no sea una señal de una estrategia de persecución y hostigamiento contra quienes luchan por defender los derechos humanos regresando así a las nefastas prácticas del pasado”. Lástima que no condenaron con igual o más energía el reciente bien organizado ataque terrorista que sufrieron los empleados de la mina San Rafael, donde murieron dos guardias de seguridad y un supuesto atacante. Esa sí es una clara y violenta señal de hostigamiento digna de condena aunque no esté tan claramente alineada con las demostradas tendencias ideológicas de la CEG.

Al igual que con otras iniciativas de política pública, la CEG se equivoca. Eso suele ocurrir cuando sacerdotes se aventuran en campos que no son los propios de la fe y hacen eco de las posiciones “populares”, pero equivocadas. La cosa es peor cuando utilizan su liderazgo moral para inducir a los ciudadanos a cometer errores de política económica. Afortunadamente, el llamado a apoyar la Ley no constituye materia de fe, así que los ciudadanos no solo podemos, sino debemos ignorar dicho llamado. Es más, tenemos la obligación moral de señalar el error al que se nos quiere inducir.

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