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Prensa Libre

09/08/13 - 03:06 Opinión

Iniciativas descabelladas

No es nueva la imagen de desprestigio que arrastra el Congreso, aunque probablemente la actual legislatura sea la que va en camino de ganar, con honores, el repudio ciudadano, porque en vez de asumir con responsabilidad el papel que tiene encomendado se ha dedicado a promover leyes cuestionables que para más inri pueden degenerar en mayores abusos cuando se altera el espíritu de alguna iniciativa de beneficio nacional.

EDITORIAL

Es antológica la holganza de la actual legislatura y precisamente por ello resulta sospechoso el entusiasmo manifestado a la hora de alterar normativas existentes, cuyo efecto previsible es el incremento de la corrupción y la impunidad en los malos manejos, como ocurre con el paquete de leyes de transparencia que están siendo manoseadas oficiosamente por congresistas que únicamente evidencian sus aviesos fines e incluso su desconocimiento sobre el ordenamiento constitucional que especifica con meridiana claridad la función de algunas entidades.

La contralora general de Cuentas, Nora Segura, cuya tarea se ha convertido en una piedra en el zapato para algunos funcionarios, denunció el pasado miércoles que el oficialista Juan José Porras presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la cual ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con la que pretende reducirle capacidad de acción a esa institución y someterla al poder político.

Una de las tretas ocultas es sembrar la contradicción entre la función de dicha entidad y otras normativas contra la corrupción, que llevan años de estar detenidas, y por si fuera poco, también se pretende limitar el acceso a la información. Cabe recordar que el paquete de leyes de transparencia ha sido objeto de manipulación a fin de quitarle su poder coercitivo. Peor aún, se les quiere vender como un caramelo que asegure la aprobación de mayor deuda para el país, para pagar compromisos que no están plenamente esclarecidos.

La iniciativa del diputado Porras guarda una sorpresa adicional, pues pretende dejar fuera de proceso judicial las denuncias contra funcionarios, como si no fuera en esas esferas donde se dan más señalamientos, ya sea por tráfico de influencias o compras bajo mecanismos difíciles de fiscalizar, por lo que resulta irrisorio pretender evadir la fiscalización con multas ridículas, cuando es bien sabido que muchos de ellos no ocupan esos puestos por lo que devengan, sino por los negocios que se generan en esas posiciones con quienes han financiado a los políticos.

Lo que mejor podrían hacer los diputados es imitar prácticas como las de la Comunidad Europea, que emprendió un programa llamado Legislar Mejor, el cual establecía como principio que antes de aprobar toda iniciativa de ley o modificación se evalúe el impacto económico y social, consultar a las partes interesadas y a expertos a fin de mejorar la calidad y la coherencia de las normas. Eso, por supuesto, ocurre cuando se quieren hacer las cosas por el bien de un país, un modelo que por supuesto es el que menos interesa a quienes controlan el Congreso.

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