Cuando venció el período de Claudia Paz y Paz como fiscal general —principal promotora de este caso junto a ONG internacionales—, el exembajador Chacón salió en televisión nacional pidiéndole a las autoridades públicas la redesignación de Paz y Paz como fiscal general, un  innegable acto de intromisión en los asuntos internos del país, además de abierto apoyo a la causa de la acusación de genocidio.

Desde entonces, es evidente que la Embajada y el Departamento de Estado están haciendo valer argumentos políticos, no jurídicos en esta causa. De nada ha servido a Guatemala ser un país aliado. Existen suficientes antecedentes  que demuestran la intervención estadounidense en los asuntos internos del país. El resultado ha sido polarizar, confrontar y dividir más a nuestra sociedad, y con ello alimentar un creciente sentimiento antinorteamericano.

El exembajador Chacón también fue el principal promotor de los reconocimientos que se dieron en la Casa Blanca a la ex fiscal general Claudia Paz y Paz y a la jueza Yazmín Barrios, a quien en Guatemala se solicitó —por parte de su propio gremio— la suspensión de su cargo como juez, por los mayúsculos atropellos al debido proceso que plagaron el juicio del general Ríos Montt.

En 1997 se firmó la paz en Guatemala; en ese momento absolutamente “nadie” hablaba de genocidio en Guatemala —ni los países amigos de la paz, como Estados Unidos, nadie siquiera hizo mención alguna a semejante extremo. Sin embargo, a casi 20 años de la firma de la paz en Guatemala, ahora resulta que la historia se está cambiando y se acusa a Guatemala de una situación que nunca se dio.

El genocidio es algo evidente que se puede demostrar inmediatamente concluido un conflicto armado; por ejemplo, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, de inmediato los Estados Unidos obligaron a las poblaciones cercanas a los campos de concentración a visitar los campos para que los propios alemanes vieran las atrocidades cometidas en los campos de concentración. Es decir, el genocidio es algo evidente que no se descubre décadas después de haberse cometido.

“La firma de la paz en 1997 —ante las Naciones Unidas y agencias  de  Cooperación Bilateral y Multilateral, como testigos—  no habría sido posible si hubiese habido el menor indicador de que en Guatemala se cometió un genocidio”. Además, como parte de los Acuerdos de Paz de 1997, se decretó una amnistía aplicable a ambas partes (Ejército y guerrilla) que en este momento, por la presión, entre otros, del Departamento de Estado, a través de su Embajada en Guatemala, está violentando los Acuerdos de Paz y la gobernabilidad de este país.

Preguntamos:  ¿Es válida la intervención de un país extranjero en juicios que se están ventilando ante tribunales competentes? ¿Es lícito amenazar con suspender ayuda económica  si no se cumplen tales o cuales condenas a la medida de sus propias demandas? ¿Qué mensaje se les está enviando a las Cortes,  a los magistrados y a los jueces?  ¿Cómo se interpretaría que nuestro embajador en Washington se pronunciara sobre el caso Ferguson, Missouri, demandando el enjuiciamiento del policía Darren Wilson?

¿La diplomacia del garrote?