El pasado martes, el presidente Otto Pérez Molina declaró que se han presentado al menos 22 denuncias en el Ministerio Público contra el exministro de Salud Jorge Villavicencio, a quien el Gobierno acusa de haber creado o pagado  un número significativo de plazas fantasmas, anomalía en la que estarían involucradas varias oenegés. Al exfuncionario también se le sindica de   actos de corrupción, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y se estima que podría haber defraudación de unos Q70 millones.

Durante la improvisada conferencia a los periodistas que  ofreció en Quetzaltenango, el mandatario también anunció la destitución del interventor de la Dirección General de Migración, Vicente Roca, a quien  señaló de haber incurrido en tráfico de influencias y anomalías, que no especificó, en el manejo de recursos públicos.  De hecho, con esa medida también se anunció que terminaba la intervención de esa institución, una oprobiosa figura que ha servido para colocar a gente cercana a los gobernantes.

Lo normal es que se aplaudan ese tipo de acciones, pero ahora debe verse hasta dónde llegará la voluntad del Ejecutivo, principalmente en lo referente a  las denuncias  contra el exministro de una de las carteras que ha dado tanto de qué hablar. Pero más importante ahora es insistir en el caso del exinterventor de Migración, a quien el mandatario señala de tráfico de influencias,  un delito de  reciente incorporación al Código Penal guatemalteco, pues fue agregado con las reformas promulgadas  hace dos años, dentro de la Ley contra la Corrupción.

El tráfico de influencias es una de las más arraigadas prácticas en la administración pública, al punto que empresarios, políticos y gente abiertamente comprometida con redes criminales buscan incrustarse en la estructura del Estado para  hacer uso de esas posiciones e influir sobre los gobernantes o funcionarios en posiciones claves para hacer negocios a la sombra del Gobierno, una fraudulenta manera de enriquecerse y que además es muy poco castigada, ya que ni siquiera con los dedos de una mano se pueden citar  penas ejemplares.

Por tal razón, queda en manos del Gobierno darle seguimiento a las denuncias planteadas por el mandatario y, sobre todo, darle sentido a esas palabras, que no deben caer al vacío, si de verdad se quiere emprender una cruzada contra la corrupción. En todo caso, corresponde al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio contra el exinterventor de Migración, pues la denuncia proviene de una de las más altas figuras del Estado, y lo menos que cabría esperar es que eso no se quede en un evento publicitario.