
Desde hace ya cinco años y medio fue aprobada la Ley del Sistema Penitenciario (SP), tras años de permanecer en dicha instancia y haber quedado al desnudo la realidad que se vivían en las cárceles del país, la fragilidad del SP y el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 19 de la Constitución.
De ese entonces para acá, han desfilado ocho ministros de Gobernación y más de una docena de directores del SP y la ley de maras sigue sin entrar en vigor porque el reglamento no ha sido promulgado y, mientras tanto, pasan los años y el grave problema penitenciario y de las persona privadas de libertad va en aumento. Recientemente, el ministro de Gobernación anunció con bombos y platillos que se construirán nuevas cárceles y que con eso se disminuirán los problemas en los centros penales, pero no es correcta la apreciación del funcionario, ya que eso podría rebajar únicamente lo relacionado con el hacinamiento actual, pero no los problemas de fondo.
Esa es una solución cosmética. Digo lo anterior, porque ampliar el número de “planchas”, como se conoce en el argot penitenciario al espacio vital por recluso, sin tomar en cuenta la distribución de los mismos según sea por estar en prisión preventiva o purgando una condena, sin haber puesto en marcha las prisiones de mínima, mediana y máxima seguridad que puedan recibir privados de libertad ya condenados, con un perfil psicológico que demuestre su peligrosidad social y sean colocados en los centros de cumplimiento de condena que vayan acorde a dicho perfil y no al tipo de delito cometido, es una pérdida de valiosos recursos. Continuar con el modelo de “embodegaje” que se ha mantenido a la fecha, únicamente remitiendo a los reclusos a prisiones en donde confluyen sociópatas, psicópatas o personas con bajos niveles de peligrosidad social en manos de los primeros, la estabilidad en el interior de los centros penitenciarios, así como la organización de los criminales para seguir operando, no se verá menoscabada, y tendremos lo que hasta ahora tenemos: calles inseguras, como consecuencia de cárceles inseguras.
La recomendación al titular de Gobernación es que dejen por un lado la visión cortoplacista y se enfoquen en el establecimiento de un proceso de transformación del SP, de manera que se convierta en un promotor de la rehabilitación y reinserción, y que contribuya eficazmente a la disminución de los hechos criminales que nos tienen agobiados. Caso contrario, podrán construir cuantas cárceles se les ocurra, pero el resultado es que la sociedad trabajadora y honesta estará más encarcelada que quienes han sido privados de libertad.
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