Prensa Libre

Algunas viviendas son más sólidas, pero siguen existiendo viviendas precarias que se construyen sin la reglamentación necesaria o en laderas cercanas a los cauces de ríos o zonas de posibles desastres deslaves que arrasan a quienes habitan en ellos.

Por supuesto que el principal problema es resolver la extrema pobreza que se da en el país y que implicaría construir viviendas más seguras y en lugares más apropiados tanto en zonas rurales como urbanas.

Pero, además, es obvio que en estos años entre un terremoto y otro no se estableció a nivel nacional un código de construcción que dé garantías mínimas de seguridad. Esto significaría una fácil Iniciativa de Ley para el Congreso de la República que promueva un proceso legislativo basado en criterios técnicos que implicarían redactar dicha ley, si los diputados al Congreso demostraran el debido interés en estos temas.

El desarrollo urbano es un diseño municipal, es un ejercicio de su autonomía, pero la construcción de viviendas y de proyectos de mayor tamaño debería regirse por una ley nacional que responda a la vulnerabilidad que presenta el territorio nacional, tanto a la prevención de movimientos telúricos debido a las placas tectónicas sobre las que se asienta Guatemala, como al manejo de cuencas de ríos, lagos y zonas de posibles deslaves del terreno, que deben ser analizados por geólogos y otros expertos.

Un tema fundamental es frenar la progresiva y acelerada deforestación, que no solo debilita la consistencia de los suelos, sino que además provoca la disminución de los niveles de las fuentes de agua.

Hemos permitido que así como se contaminó el Lago de Amatitlán hoy tengamos que lamentar la contaminación severa del Lago de Atitlán, que constituía un elemento de sustento para las comunidades en su ribera y es uno de los sitios turísticos de mayor atractivo en el país. Por si esto fuera poco, el actual gobierno pretende mantener una política sistemática de concesiones de minería a transnacionales, sin respetar la consulta a comunidades locales.

Adicionalmente en toda reconstrucción se dan casos de corrupción desviando la ayuda humanitaria a intereses personales o de partido, como el caso de algún diputado en la actual crisis.

Se han hecho también denuncias sobre la especulación de productos de primera necesidad. La Diaco solo ha informado, pero no vemos que algún comerciante corrupto haya sido procesado. Pero, por otro lado, hay ejemplos positivos, como la solidaridad que se manifiesta, el voluntariado de los jóvenes y el desarrollo de una Conred eficiente. Y como siempre la transparencia en el manejo de los recursos queda bajo la responsabilidad del pueblo consciente que debe hacer valer sus derechos.