Prensa Libre

POR SAMUEL PéREZ ATTIAS

como consecuencia de su clandestinidad, producen el caldo de cultivo idóneo que incentiva secuestros, sicariato y problemas sociales en espiral como los que se ven en Guatemala. —Sumémosle a eso la débil institucionalidad, la alta propensión a la corrupción, la pobreza y la desigualdad en ingresos prevalentes en Guatemala—.

Los productos ilegales generan un problema de derechos de propiedad. El productor como cualquier empresario busca racionalmente maximizar utilidades. En Guatemala, donde las fuentes de ingresos legales son escasas, los vendedores de droga toman el mismo proceso de toma de decisiones que el vendedor de discos pirata. Si meterse al negocio le rinde mayor utilidad marginal que costo marginal, se dedicara al negocio. El tema de los derechos de propiedad entra en juego: la ilegalidad en la oferta de drogas hace que el Estado no garantice derechos de protección a la propiedad o a las utilidades que el negocio genera, surge el mercado paralelo y desarrolla sus propios instrumentos de protección y acaparamiento. Ante la imposibilidad legal de competir en el anaquel de la farmacia, los carteles usan el sicariato, compra de voluntades y otras técnicas de “protección privada” de su industria. Además surge el problema de “lavar los dólares mal habidos”. Fortalecer las instituciones y crear mecanismos para garantizar un estado de Derecho no debe de abandonarse; sin embargo, siendo realistas, las utilidades en el mercado de drogas crecen exponencialmente en relación al fortalecimiento institucional.

Si la legalización y regulación de la oferta de drogas evita muertes de inocentes, elimina el sicariato, reduce la compra de voluntades y desincentiva un sistema paralelo anárquico, los beneficios sociales de legalizar la producción y comercialización de drogas son más altos que los costos. La reducción y la eliminación de las externalidades negativas que produce la oferta clandestina serán más beneficiosas que las externalidades negativas producidas por el abuso en el consumo. Una vez legalizada la oferta y abordados los costos sociales relacionados con su ilegalidad, el problema a atacar serán las externalidades negativas del consumo: adicciones y violencia consecuente, accidentes de tránsito, etc. Las acciones serán focalizadas al consumidor y no al oferente. Los recursos se destinarían a una mejor regulación, prevención y tratamiento del abuso del consumo de las drogas en lugar de la compra de más armas en una guerra a todas luces en desventaja. Será más fácil atacar la demanda inteligentemente y no la oferta brutalmente. Se visibilizará el problema y los costos ya no serán muerte de inocentes, sino los asociados con el abuso de drogas y la adicción.