Prensa Libre

CAROLINA VáSQUEZ ARAYA

 Ya anteriormente se han perdido fondos de la cooperación internacional sencillamente porque no existe un compromiso serio del gobierno de turno en el avance de los programas que podrían salvar vidas y elevar el nivel de desarrollo en distintas áreas.

Los países cooperantes no están sacando el dinero del éter para regalárselo a los países en desarrollo. Quienes aportan los fondos son personas como cualquiera, cuyos impuestos financian esta clase de iniciativas. Por esta razón, los gobiernos que sirven de canal para esta clase de cooperación insisten de manera reiterada en la necesidad de revisar a fondo la política fiscal de aquellas naciones que reciben la ayuda.

En esencia, Guatemala no debería ser sujeto de donaciones. Mucho más dinero que el ingresado por ese motivo se ha perdido en los bolsillos de funcionarios, financistas de campaña, amigos y parientes de quienes detentan el poder. Adicionalmente a ello, miles de millones de quetzales que deberían ingresar en las arcas públicas son desviados hacia cuentas privadas por arte y magia de asesores contables, capaces de “rediseñar” las obligaciones fiscales de grandes empresas, así como de personas y grupos de gran poder económico.

Los problemas de Guatemala no son financieros. Se ha repetido hasta el cansancio que Guatemala es un país rico, pero lleno de pobres. Sin embargo, esta situación nada tiene que ver con la falta de recursos, sino con la manera como se han repartido la riqueza. De esa cuenta, tres cuartas partes de la población adulta y más de la mitad de la población infantil se debate en la miseria, cuya consecuencia más lamentable es la desnutrición crónica que mantiene a la niñez al borde de la muerte y coloca al país entre las naciones menos equitativas en términos de desarrollo humano.

Pero volviendo al tema de la cooperación, resulta vergonzoso que los responsables de la ejecución de programas de educación, salud, vivienda o productividad y de llevar a cabo los planes de desarrollo prometidos por su gobierno ni siquiera sean capaces de realizar un trabajo profesional y responsable. Las excusas siempre relucen a la hora de señalar estas deficiencias, pero no se aplica ninguna medida para deducir responsabilidades ni mucho menos para obligar a estos malos funcionarios a pagar algún costo por haber faltado a su deber.

Esos cuatro años de vacaciones pagadas que muchos allegados a los partidos tienen la suerte de conseguir por el solo hecho de haber estado en el lugar preciso al momento del triunfo, al pueblo le están costando sangre y lágrimas, además de un bochornoso lugar en los indicadores de transparencia y de desarrollo social. La reputación de país cae en picada cada vez que los países cooperantes hacen público su descontento por el bajo nivel de respuesta de las autoridades y sus contribuyentes protestan por aportar impuestos a un país cuya recaudación fiscal es una de las más bajas del continente.