El análisis incluye un apartado de recomendaciones. La principal es la demanda de respeto irrestricto por parte de los funcionarios del Estado y en general de toda la población a la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de prensa y la libertad de información, principios establecidos en la Carta Magna, en la Ley de Emisión del Pensamiento  y en tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala.

Exige que haya consecuencia entre el discurso oficial de respeto a la prensa y las acciones que se ejecutan, debido a que en más de una ocasión las autoridades, principalmente el binomio presidencial, han expresado el reconocimiento al papel de los medios, pero sus actitudes y hechos no son coherentes con tales afirmaciones.

En los tres años de la actual administración del Partido Patriota se han cometido 143 violaciones contra miembros de la prensa, tres casos menos que durante el mismo período de la UNE (146); sin embargo, se estima que los casos se elevarán porque estamos a las puertas de un año electoral, período en el que usualmente se incrementan las agresiones contra periodistas.

La delincuencia organizada y el narcotráfico han sido considerados como los principales censores de la prensa, principalmente en los departamentos donde han implantado un clima de inseguridad y temor. Los periodistas saben de las actividades ilícitas, la forma de operar de estos grupos y las relaciones que mantienen con algunos poderes estatales, pero hablar o informar de ello les puede costar la vida.

Cierres de espacios en medios locales, agresiones físicas y verbales, amenazas, intimidaciones, obstrucción a las fuentes informativas,  son parte de las violaciones que constantemente cometen funcionarios locales.

Hasta la primera semana de octubre, la Unidad Fiscal del Delitos contra Periodistas del MP recibió 66 denuncias por agresiones contra miembros de la prensa, seis más que el total de expedientes abiertos durante el 2013, mientras que en la PDH, en el  primer semestre de 2014, se presentaron 39 denuncias.

El Informe de Cerigua se produce en medio de una preocupación mundial por la inseguridad de los comunicadores sociales. Reporteros Sin Fronteras recomendó esta semana la creación del cargo de Asesor Especial del Secretario General de la ONU sobre la seguridad de los periodistas.

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