
El lunes de esta semana los ministerios de Comunicaciones, Energía y Minas y Ambiente presentaron su informe sobre las viviendas rajadas alrededor de la mina Marlin en la Comisión de Transparencia del Congreso. Según este, después de una investigación —que duró cinco meses— las rajaduras “no tienen relación con la explotación de oro en esa área”.
Este “sorprendente” hallazgo contradice un informe similar, realizado por un equipo de ingenieros profesionales que incluyó a geólogos de la Universidad de Colorado, un ingeniero civil de la Universidad de Pensilvania y a un ingeniero experto en minería que tiene 40 años de trabajo con compañías mineras y el gobierno federal de Colorado, además de un profesional guatemalteco. Ese proceso de investigación —que duró dos años— inició con las primeras denuncias en el 2007. Observaron varias casas en aldeas alrededor de la mina, y, como control, otras en dos aldeas alejadas.
Las rajaduras fueron medidas, marcadas y fotografiadas, tomaron muestras de suelo cerca de las estructuras, las que fueron analizadas en laboratorio certificado en EUA. Ejecutaron monitoreo de vibraciones de camiones pesados y de las voladuras; observaron el terreno para identificar inestabilidad de suelos, observaron métodos de construcción y revisaron los registros científicos de geología, actividad sísmica y tipos de suelo de la región.
Sus conclusiones: las casas alrededor de la mina tienen muchas más rajaduras que las casas en las aldeas control; se elimina la inestabilidad de la tierra, la actividad sísmica y los defectos de construcción como causas probables; el tipo y el modelo de la mayoría de las rajaduras determina que fueron causadas por vibraciones. Por eliminación, “la causa más probable de los daños son las vibraciones de la tierra. No hay fuentes de vibraciones en el área, salvo las derivadas de las explosiones de la mina y el tráfico de camiones pesados”. Para ver el informe completo: http://resistencia-mineria.org/espanol/files/Informe_Casas_Rajadas.pdf El otro informe, el oficial, no se encuentra en ninguna parte todavía. Sin pretender entrar en debate técnico, me impactó la pregunta que hizo una monjita de San Marcos: “Si no hay relación entre las rajaduras y la mina, ¿por qué antes no se rajaban las casas, y sí cuando empezaron los trabajos de explotación?”.
El informe oficial dice que las causas son la mala calidad de la construcción y la actividad sísmica, ¿por qué no se rajan todas las casas de San Marcos, y solamente las cercanas a la mina? Según informe de Oxfam, en los países empobrecidos que aumentan su dependencia de la extracción de recursos (petróleo, minerales y madera) para la exportación, suben los índices de corrupción gubernamental y de violencia. La violencia y la corrupción no son fenómenos nuevos en Guatemala, pero pueden aumentar en relación con oro, plata o petróleo.
Antier, sujetos desconocidos balearon a una mujer que se opone a la minería en San Marcos; Sergio Véliz —ex secretario ejecutivo del Conap durante el gobierno de Óscar Berger— cometió delitos para favorecer la explotación petrolera en Laguna del Tigre. Ella está en coma; él es solo el primer funcionario corrupto al que acusan. Pero no todos los funcionarios son corruptos. Hoy reconozco y aplaudo la sólida defensa que ha hecho el Conap, y sobre todo su departamento jurídico, ante la pretensión de prorrogar ilegalmente la explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Ojalá el viaje del presidente Colom a París, a inaugurar una muestra arqueológica que financia Perenco, no sea un mal augurio.
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