Prensa Libre

JUAN CARLOS LEMUS

Dijo “un tiempo”, seguramente porque conoce el negocio. Habrá pensado que bastan un par de semanas fuera del país y un buen soborno para que todo vuelva a la normalidad. Se equivocó, y no precisamente gracias a la rectitud del Ministerio de Gobernación que, al contrario, se mostró empeñado en victimizar a la minera y bestializar a los comunitarios, sino gracias a que el MP aportó suficientes pruebas para detenerlo.

Rotondo fue capturado en el aeropuerto cuando intentaba huir. A pesar de eso, fue beneficiado con arresto domiciliario, en tanto que tres jóvenes de Santa María Xalapán, Jalapa, Pedro, Celestino y Ronal Raymundo, se encuentran en el preventivo de la zona 18, no han sido escuchados por un juez y se les acusa de haber participado en actividades contra de la minera. ¿Para quién funcionan las leyes, entonces? Para los asesinos que huyen y para difamar a los que estorban.

Está claro que lo afirmado por el ministro de Gobernación y el presidente Pérez Molina fue falso; dijeron que los manifestantes tenían nexos con los Zetas y que por eso impusieron el estado de Sitio. El ministro López Bonilla se vio obligado a desmentir lo que había dicho. Y no es que lo haya hecho tras una reflexión provocada por algún cargo de conciencia, sino porque no habrían podido corromper las pruebas en manos de la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz. Otro fiscal, de los muchos corruptos que hubo en el pasado, habría desaparecido pruebas para respaldar la mentira. Encima, según el MP, otro de los trabajadores de la minera dio muerte a un agente de la Policía.

Por todo eso, el presidente tiene la obligación de reconocer los graves errores incurridos al ejecutar el estado de Sitio, que ahora muta en estado de Prevención; deben ser suspendidas las operaciones mineras en el área porque son generadoras de conflicto comunitario, es un negocio non grato que enlutó familias de la comunidad y de la PNC; además, debe atender lo exigido por las Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, el Consejo de Alcaldes Comunales y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífuna y Xinca, que piden un diálogo de altura y respeto por la vida.

Ciertamente, con casi cien allanamientos capturaron a varias personas acusadas de cometer graves delitos, pero eso no tiene nada que ver con las manifestaciones en contra de la explotación minera. Al acusarlos de pertenecer a los Zetas, a los pobladores los colocaron en una situación muy delicada. Se trata de una difamación grave. El Gobierno los puso en la mira de los carteles enemigos de ese grupo, lo cual fue como condenarlos a muerte.