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19/11/12 - 00:00 Opinión

ECLIPSE

Mapa de riesgo para la Prensa

Desde hace varios años, en los análisis sobre el estado de situación de la libertad de expresión de la Agencia Cerigua, se ha venido insistiendo en el grave riesgo en el que se encuentra la prensa departamental, a tal grado que se ha impuesto una autocensura como mecanismo para prevenir daños irreparables para la vida y la seguridad de los periodistas y sus familias. En el último se cita el informe Guatemala: Narcotráfico y Violencia, publicado en octubre de 2011 por el International Crisis Group, en donde se hace mención de uno de los mayores problemas

ILEANA ALAMILLA

que enfrenta nuestro país: la irrupción de los carteles dirigidos por mexicanos, debido a que su geografía lo ha convertido en una de las intersecciones más concurridas para las drogas ilícitas. La población empobrecida y subempleada es una buena fuente de reclutas para esas organizaciones.

Continúa asegurando que las pandillas y la delincuencia común florecen bajo las mismas condiciones que permiten a los narcotraficantes operar con flagrante impunidad: fuerzas policiales desmoralizadas; un sistema judicial que suele ser objeto de intimidaciones y corrupción; y una población que desconfía de las entidades encargadas de aplicar la ley, a tal punto que los ricos dependen de seguridad privada, y los pobres, de la “autodefensa”.

Los grupos paralelos criminales tienen métodos clásicos de operar y atemorizar a quienes consideran obstáculos para sus actividades delictivas, entre ellas soborno, las amenazas a las personas o sus familias por medio de cartas, anónimos, por vía telefonía, secuestros temporales, desapariciones y asesinatos.

Los periodistas de México y Honduras sufren estos tormentos. Más de cien comunicadores han sido asesinados en el país del norte desde el 2000, mientras que en Honduras ya se contabilizan por lo menos 32.

Un monitoreo de Cerigua durante cuatro años de publicaciones sobre crimen organizado y narcoactividad ofrece una idea de la mordaza que se ha impuesto a los profesionales de la comunicación, ya que la mayoría de las informaciones son proporcionadas por las redacciones nacionales, no por los corresponsales departamentales.

Contrario a la realidad, hay pocos reportes de crimen organizado del 2008 al 2011 en Alta Verapaz, y escasos sobre narcoactividad en Chiquimula, por citar dos casos. Los hechos relevantes que hemos conocido, como el enfrentamiento, en marzo de 2008, en Zacapa, que dejó 11 muertos y a un grupo de periodistas interceptado y amenazado cuando los narcotraficantes huyeron, o el caso de Huehuetenango en ese mismo año, donde tres corresponsales fueron buscados por narcotraficantes luego de haber cubierto un crimen donde murieron tres personas, incluyendo el guardaespaldas de un presunto narco en la región.

Otra noticia fue la de las amenazas a la Prensa en mayo de 2011, a través de mantas colocadas en cuatro departamentos, una semana después de que el grupo Zeta200 perpetrara una de las peores masacres registradas en la historia reciente del país, donde advertían de no publicar sobre los hechos que ocurrían en el país “antes que la guerra sea contra ustedes”. Estos sucesos no surgieron de manera casual.

Es poco lo que conocemos de lo que sucede en el área rural en relación con esos criminales, pues es notoria la situación de vulnerabilidad de la Prensa, que tiene suficientes razones para temer por su vida e integridad física. Cerigua ha elaborado un mapa de riesgo que, combinando publicaciones con agresiones, ofrece indicadores de esta inseguridad.

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