Prensa Libre

Tal como lo comentamos el sábado recién pasado, esa norma castiga con penas de prisión e inhabilita a sus miembros para ser candidatos a cargos de elección popular. También dispone la inmovilización de cuentas bancarias, el embargo de bienes y el envío a instituciones especializadas de los menores de edad integrados en sus filas.

Si insistimos en este tema es porque consideramos importante seguir de cerca el resultado de esta legislación, cuyo claro objetivo es castigar y reducir la pertenencia a las maras por medio de castigos. Sin embargo, ello no debe ser motivo para que, si Guatemala se decide por una normativa similar, se olvide o reduzca la implantación adecuada y constante de otras medidas de tipo social con el objetivo de cortar las raíces que hacen florecer semejantes manifestaciones de insociabilidad, que tienen de rodillas a la sociedad salvadoreña, de la misma manera como está ocurriendo en nuestro país, donde el trabajo de conductor de autobus, por ejemplo, se ha convertido en una de las actividades más peligrosas a consecuencia de la criminalidad desatada por las maras.

La ley mencionada fue aprobada por 78 de los 84 diputados del Congreso salvadoreño, es decir, el 92 por ciento de ellos. Esto implica que el Legislativo vecino se ha colocado en la misma posición que comparte la mayoría de sus ciudadanos, quienes, igual como es común entre los guatemaltecos, se encuentran hastiados de tanta criminalidad. El primer paso lógico es declarar ilegal la pertenencia misma a las maras.

Falta ver qué ocurrirá con los mareros que con el hecho de estar tatuados manifiestan su pertenencia a esas organizaciones delictivas, así como el destino de quienes se han retirado de esos grupos pero mantienen los mencionados tatuajes de manera resaltada en todo el cuerpo. Ello ejemplifica que no es fácil el camino emprendido, el cual además será indudablemente criticado por algunos sectores específicos, aunque apoyado por la población de escasos recursos, que es la más propensa a ser víctima de crímenes diversos que empiezan a ser cometidos por preadolescentes que se han convertido en sicarios, y como tal son criminales de altísimo nivel de inhumanidad.

La declaratoria de ilegalidad de ser marero es un paso que, de ser exitoso, necesita ser tomado muy en cuenta en Guatemala. La existencia de las maras es uno de los factores de la ingobernabilidad, a su vez el resultado de la incapacidad del Estado para cumplir sus tareas de seguridad. Es momento de que diversos sectores nacionales empiecen a redactar una ley semejante en Guatemala, México y los demás países que hoy sufren el azote de los mareros. Las embestidas criminales lo obligan.