Han pasado 18 años desde el fin oficial del conflicto armado interno y de la firma de acuerdos de paz que plasmaron las ansias por generar una patria distinta, en la cual las condiciones sociales y económicas fueran mejores.

Sin embargo, a pesar de la sucesión de gobiernos, de los millones invertidos por el Estado y una asombrosa cantidad de donativos, muchas cosas prácticamente no han cambiado, entre ellas, la violencia, con la diferencia de que la actual oleada de muertes resulta indiscriminada y aún más salvaje, pues las víctimas pueden ser hombres, mujeres o niños, que simplemente son objetivos de mentes enfermas.

Así, hemos llegado a un punto en que se llega a matar por un puñado de billetes, por lo menos para quien tira del gatillo, porque los autores intelectuales que pagan por ello lo hacen por razones mucho más poderosas, donde los recursos en juego pueden alcanzar cifras millonarias o incluso porque determinadas relaciones con sectores de poder pueden alentar el poco respeto que se tiene por la vida.

Uno de estos casos paradigmáticos se vivió hace cerca de dos años en una de las más céntricas avenidas de la capital, donde un desalmado sicario descargó su arma contra la abogada Lea de León y su acompañante, quien también murió tras un mes de agonía. Un crimen que conmovió a todo el país y puso en evidencia la fragilidad de la seguridad ciudadana.

La semana anterior, finalmente el autor material recibió una condena de 90 años por la muerte de la penalista y de su piloto, aunque todavía no se llega a esclarecer quién o quiénes podrían estar detrás de ese vil asesinato, pues el sociópata recibió la sentencia con total frialdad.

Uno de los aspectos más relevantes de esta condena, que pocas veces ocurre, fue que el Tribunal Undécimo de Sentencia le ordenó al Ministerio Público continuar con las investigaciones para determinar la autoría intelectual del doble crimen. Además, a pedido de los querellantes, la jueza presidenta del Tribunal, Morelia Ríos, exhortó al Ministerio Público a establecer una fiscalía específica para investigar crímenes contra abogados litigantes, fiscales y jueces, y sobre todo contra aquellas mentes perversas que usan la eliminación física como vía para resolver sus problemas.

Otra decisión digna de encomio de la jueza fue la de establecer una audiencia de reparación digna como parte de las responsabilidades civiles, no solo para dignificar la memoria de la abogada De León, sino para prevenir que deleznables crímenes como este vuelvan a ocurrir, fundamentalmente contra operadores de justicia y quienes a su vez se esfuerzan porque en el país se reduzcan los indicadores de impunidad.