Puede ser que en este caso esto se vuelva a repetir si adquiere fuerza la versión que vuelve a surgir en el Congreso de que son necesarios los cambios a algunos artículos constitucionales y que además es posible prorrogar el mandato presidencial sin necesidad de acudir a una Asamblea Nacional Constituyente, como también lo reiteró el miércoles el mandatario en Salamá, donde reiteró que se pueden hacer reformas, tal y como ocurrió en 1993, cuando mediante una mayoría calificada el Congreso redujo el mandato presidencial a cuatro años.

Pero apenas el pasado martes, en declaraciones a los periodistas, en San Juan Sacatepéquez, el gobernante fue enfático al afirmar que él no piensa quedarse un día más en el Gobierno y que cualquier cambio que se haga a lo actualmente establecido en nuestra Carta Magna solo sería de aplicación para el siguiente mandato presidencial, lo cual de nuevo se pone en duda, a raíz de lo que ocurrió ayer en el Congreso, donde varios funcionarios insistieron sobre la misma idea.

Sin embargo, en vez de que el debate entrara en una etapa de letargo ante las primeras críticas, se le dio un renovado impulso, lo que hace necesario plantear la inquietud sobre cuál será la posición definitiva del presidente al respecto, sobre todo si podrá mantener su más reciente promesa de terminar su periodo de acuerdo con el mandato constitucional o cederá al clamor de sus más fieles seguidores en el Congreso, que por lo visto están dispuestos a insistir en la necesidad de hacer cambios, y claramente la apuesta es porque surtan efectos lo más pronto posible.

Curiosamente, para reforzar esa tendencia, Pérez Molina se volvió a referir al tema ayer, en Baja Verapaz, y dijo que las reformas a la Constitución no solo son necesarias, sino que deben ser mucho más amplias y abarcar incluso a la cantidad de los integrantes del Congreso y de las cortes de Justicia. En el primer caso sugirió que se apruebe en 160 el número fijo de diputados, y para el Organismo Judicial propone que los magistrados ocupen sus cargos durante 10 años, y que el presidente de dicho organismo sea electo para un periodo de cinco años.

Esto implica contar con el apoyo de más aliados, pues difícilmente alguien se puede resistir a que de un plumazo se le duplique el tiempo de permanencia en un cargo público, y precisamente quienes podrían interponerse en esos designios son los ciudadanos, que en las urnas podrían desbaratar las ideas de los políticos, y por ello es que ahora la insistencia es en afirmar que no es necesario tomarlos en cuenta, lo cual en nada contribuye para forjar la buena imagen de los más vehementes defensores de esos polémicos cambios.