y les cobijen. Algo muy similar a lo que ocurre con la cooptación del sistema político, donde los partidos terminan pagando facturas y cumpliendo los designios de sus financistas desde el Congreso, el Ejecutivo y las municipalidades.

En la universidad pública corren millones de quetzales para hacerse de la Rectoría y de la Facultad de Derecho, en el gremio de abogados y en el de contadores y auditores compiten planillas financiadas por grupos de interés que no escatiman recursos con tal de ganar la elección; y cada vez son más las universidades privadas —sin alumnos— pero con facultad de Ciencias Jurídicas, lo que les garantiza un espacio dentro de las comisiones de postulación.

Una de las grandes ironías es que a los candidatos/as para diversos puestos se les exige ser honorables e idóneos, características que no se requieren a los comisionados, que son los encargados de postularlos. Por ejemplo, aunque no es el único, el presidente del tribunal de honor del Colegio de Abogados —luego de la resolución contra la jueza Yassmin Barrios— no debería continuar siendo comisionado.

En la comisión de postulación a fiscal general hay 11 universidades (10 privadas) representadas por sus decanos, dos miembros del Colegio de Abogados y el magistrado presidente de la CSJ. El peso que tienen las casas de estudio privadas es descomunal. Por lo menos cuatro de estas representan intereses de grupos “emergentes” cuyos vínculos principales son con bufetes de abogados que defienden a personas acusadas de los delitos de narcotráfico y crimen organizado, y cuatro más están vinculadas a los bufetes tradicionales, que representan y defienden intereses del sector económico tradicional.

La Usac y el Colegio de Abogados tienen tres puestos, que sumados a los de las universidades privadas, pueden inclinar la balanza a favor o en contra de determinados candidatos. Y esta sumatoria es la que hace muy peligrosas las negociaciones que se entablan con los grupos de poder que promueven a ciertos candidatos y rechazan a otros, porque no garantizan independencia. A la vista está lo sucedido con la admisión de tachas sin fundamento contra la actual fiscal general.

Corre el rumor de que la lista ya está cocinada y que esta semana se entregarían los nombres de los seis candidatos entre los que deberá escoger el presidente al jefe del MP. Los ojos de toda la ciudadanía debieran estar puestos en las actuaciones de las y los comisionados, y en los perfiles de quienes compiten, porque lo que nos estamos jugando es continuar fortaleciendo la institución o que vuelvan las viejas épocas en las que se negociaba impunidad.