Prensa Libre

FRANCISCA GóMEZ GRIJALVA

Como miles de mujeres en este país, Rosalba era una profesional maya quiché que diariamente trabajaba para contribuir a la manutención familiar.

Esta joven madre, que ha dejado en la orfandad a un hijo y una hija de cuatro meses, engrosa las estadísticas de feminicidios cometidos en Guatemala. La familia Soc Yac exige el esclarecimiento de este crimen, como cientos de familias que han denunciado estos crímenes en el sistema de justicia, pero hasta hoy siguen esperando respuesta. De ahí que no es casual que Guatemala sea catalogado como uno de los países latinoamericanos más peligrosos y violentos.

Esclarecer estos crímenes que diariamente se cometen contra las mujeres en Guatemala es una de las prioridades que debe atender inmediatamente el gobierno de Otto Pérez Molina. Sin embargo, en este país donde la violencia se ha arraigado como resultado de largas dictaduras militares, me pregunto ¿Cómo este gobierno cumplirá con su promesa de seguridad ciudadana, que le sirvió de plataforma para hacerse con el poder?

En ese sentido, como señala la profesional maya quiché Lidia Sam Colop, se espera que el Ministerio de Gobernación realice investigaciones exhaustivas y que el Organismo Judicial, en su conjunto, garantice la aplicación de la justicia. Y que de esta manera, la creación de la llamada cuarta fuerza concretice lo antes posible la afirmación del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla: “La lucha contra quienes atentan contra la vida de las mujeres es prioridad” (Publinews 18/01/2012).

Atrapar a los responsables de tales crímenes y que cumplan su condena en el lugar que les corresponde —la cárcel—, es de urgencia nacional. Asimismo, es importante que la ciudadanía en general rompa el silencio y se atreva a denunciar y a solidarizarse con las víctimas, ya que la confianza de la población en el sistema de justicia pasa por el cumplimiento de la obligación del Estado, de garantizar el respeto a la integridad física, emocional y espiritual de las personas.

Por consiguiente, este gobierno tiene ante sí el compromiso de hacer efectiva la labor de los tres entes del Organismo Judicial: Policía Nacional Civil, Ejército y Ministerio Público, para que cumplan con su obligación de brindar protección a toda la ciudadanía —sin privilegio alguno— para que libremente transite, trabaje y viva con la certeza de que su vida, dignidad e integridad están resguardadas. Asimismo, que tenga la confianza en que cualquier persona —sin importar su estatus— que cometa o haya cometido un delito en su contra, sea perseguida y condenada según la magnitud del daño infringido.