Hace poco se conoció un informe de la Confederación Sindical Internacional que reportó que Guatemala es uno de los países de América Latina con peores condiciones para trabajar, debido a prácticas laborales injustas. El ministro de Trabajo restó credibilidad al estudio; sin embargo, reconoció que hay numerosos casos de incumplimiento de las leyes y del pago del salario mínimo en el campo.

Muy activo ha estado el ministro. Dice que entre sus planes para este año está elevar en un 15% la afiliación al Seguro Social a través de la creación de nuevas plazas de trabajo y la incorporación a la formalidad de pequeños y medianos empresarios que no cuenten con esta cobertura. ¡Qué bien!

Anunció la creación de comisiones paritarias de salarios mínimos para tres de las cuatro circunscripciones económicas recientemente establecidas y publicadas en el diario oficial. Ya logró lo que se propuso y anunció desde el inicio de su gestión y que se presenta como proyectos de inversión y generación de empleo. ¡Está dando cumplimiento a la oferta de campaña de su partido!

Líderes sindicales han refutado esos “beneficios” anunciados por el Gobierno y han alertado de que se afectará la situación de los trabajadores, se bajará el salario mínimo y solo se beneficiará al empresariado. Francisco Mendoza, secretario técnico de los sindicatos globales de Guatemala, recuerda que los salarios mínimos para distintas actividades productivas tienen plena vigencia para el todo el territorio nacional, pero que, tal como dice el ministro Contreras, no se cumplen, especialmente en el sector agrícola. El salario mínimo diario en el campo es de aproximadamente 79 quetzales, pero hay casos en los que los trabajadores ganan 25 o 30, lo que es ilegal.

Según Mendoza, el argumento de esta estrategia de la regionalización del salario se basa en que en el área rural no hay trabajo, afirmando las autoridades que con eso se va a fortalecer la economía, pues al pagar menos del mínimo las empresas tendrán un incentivo para invertir en esas zonas y así generar empleo. La población se beneficiará, porque la gran mayoría en esos lugares no tiene trabajo o bien no recibe el salario mínimo.

Y la verdad es que diversos países compiten por esas inversiones voraces, sacrificando salarios y fiscalidad. O sea que hasta tenemos que estar agradecidos de que vengan a nuestro país a superexplotar a los guatemaltecos (as) y a no pagar impuestos.

Lo peor es que, más allá del empleo, en cualquier momento “migran”, buscando oportunistamente qué Estado está dispuesto a rendirse más a sus intereses. Es decir que esa inversión no modifica condiciones estructurales, solo es una quimera coyuntural.

Aprobada la ley, lo que queda ahora es la lucha de los trabajadores para que el salario mínimo disminuido se llegue a equiparar al nacional.

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