Esta semana que termina, estuvo de visita en nuestro país la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, que recomienda al Estado y al gobierno que no se puede permitir dar un paso atrás en la lucha contra la impunidad, tanto en casos del pasado como del presente, y manifiesta que la resolución del Congreso, que niega el genocidio, afecta el principio de independencia y de imparcialidad de la judicial.

Al mismo tiempo recomienda: “Fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, para esclarecer los casos de violaciones a derechos humanos, incluidas las agresiones a defensores de derechos humanos […]”. Mostró su preocupación por el retraso en la lucha contra la discriminación. Para la comisionada es impensable que siendo los pueblos indígenas la mayor población de Guatemala, siguen siendo discriminados y no hay mecanismos para hacer que los guatemaltecos y guatemaltecas tomen conciencia de que hay que terminar con este flagelo.

De acuerdo con la comisionada, “la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas es uno de los principales desafíos del país”. Ser indígena en Guatemala implica no tener derechos, o ser un ciudadano de segundo nivel, casi ninguneado.

Por otro lado, le sigue preocupando que “el otorgamiento de licencias para proyectos extractivos y energéticos siga generando tensión social”, e instó al Estado a consultar a los pueblos indígenas.

Pero cuando se han violado derechos no hay consulta que valga. La consulta “debe ser previa e informada”. Lo que no ha sucedido en Guatemala. Ejemplos: Barillas, Sierra de las Minas, Río Dolores, La Puya, Territorio Xinka, etcétera.