Prensa Libre

POR FRANCO MARTíNEZ MONT

Enfrentar las crisis políticas supone el establecimiento de pactos “mínimos” de gobernabilidad, los cuales deben tener la capacidad de disponer de medios necesarios en donde los flagelos sociales no perjudiquen la institucionalidad democrática; esto significa formular políticas públicas racionalistas que tengan como finalidad el respeto a los derechos humanos. Los pactos pueden ser interelitarios y los basados en la organización social.

Los primeros hacen alusión a aquellos pactos que se desarrollan históricamente en sociedades occidentales y del primer mundo, que han logrado erigir una plena democracia institucional —partidos políticos representativos, sindicatos transparentes y con amplia representación social, élites empresariales evolucionadas y ciudadanía beligerante—, obviamente Guatemala es incipiente en esta materia.

Los segundos son protagonizados por la organización social descentralizada y activación comunitaria, donde desde abajo se construye colectivamente la legitimidad de los pactos políticos, acá las élites se ven necesariamente obligadas a negociar y a ceder parte de sus prebendas económicas y cuotas de poder político, logrando así un equilibrio y representación proporcional y equitativa en el diseño de políticas sociales —salud, alimentación, educación, vivienda, empleo, etcétera—.

Ambos pactos no son ajenos a la influencia “fáctica” de los jugadores con capacidad de veto —oligarquías y narcotráfico—, donde es imprescindible la responsabilidad de los actores intermedios —clase media—, concebidos como la bisagra articuladora y punto de equilibrio de la toma de decisiones, quienes deben reivindicar su rol como agentes de cambio.

El principio de intertemporalidad es altamente valioso, ya que permite la capacidad de diseñar estrategias de desarrollo nacional —económica, social, cultural, política y ambiental— de largo alcance, sostenibles para el sistema político y que puedan adaptarse a los giros drásticos de la influencia internacional a través de las fluctuaciones del mercado, procesos bélicos, dinámicas geopolíticas, calentamiento global, superpoblación, entre otros.

Finalmente, las esperanzas están puestas en la operativización de la Agenda del Cambio, la apuesta por entrarles a los fenómenos estructurales, gobernar para resultados, territorializar acciones, rendir cuentas, priorizar al ser humano y la pertinencia de los “momentos” políticos si realmente queremos sentar las bases de una direccionalidad de país que emule las prácticas exitosas del Pacto de la Moncloa —España—, Concertación —Chile— y del Pacto Nacional de Empleo y Cohesión Social —El Salvador—.