Prensa Libre

FRANK LA RUE LEWY

Como hemos dicho en columnas anteriores, este gobierno se esmera en violentar todos los derechos de los sectores populares, regalando concesiones mineras a transnacionales que no generan recursos para el Estado, pero peor aún que atropellan los derechos de las comunidades locales a las que se pretende silenciar negándoles el derecho a expresar su opinión y a ser consultados, y en el proceso, destruyendo nuestro medioambiente.

A las legítimas protestas se les ha reprimido violentamente, mientras que la delincuencia y el crimen organizado crecen con tranquilidad.

Ante la creciente tensión, los asesores del presidente han creado supuestos espacios de diálogo que más bien buscan distraer a la población y que en el fondo generan una progresiva frustración. En este sentido, son obvios los fracasos del actual gobierno en el tema legislativo cuando hasta su partido se burla de él. Pasamos del fracaso de las supuestas Reformas Constitucionales al abandono de la reforma electoral, al fracaso de aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral, la aprobación de una absurda y onerosa ley de “concesiones gratuitas” en telecomunicaciones al monopolio de la televisión y los oligopolios de radio.

A la comunidad internacional se le ha criticado y descalificado cuando han acompañado a Guatemala desde el proceso de paz en 1990-1996 y los años posteriores, inclusive a algunos países se les acusa absurdamente de interferencias en temas internos.

Con todo esto lo que se ha hecho es romper con todos los canales de diálogo, esfuerzos de mediación internacional, con lo que pareciera ser una política absurda de provocación a los sectores populares de Guatemala sin que haya en perspectiva elementos atenuantes.

Por si todo esto fuera poco, el día de ayer, en una iniciativa absolutamente antidemocrática, el gobierno retrocede gravemente en sus compromisos de Derechos Humanos con el pueblo de Guatemala que se encontraban contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento ya ratificado por el Estado, por lo que es en sí mismo una violación de las garantías fundamentales que ya gozaba toda persona en el territorio de Guatemala.

Yo pensaba escribir esta columna sobre la esperanza de un año que podía presentar las posibilidades de un cambio de rumbo en políticas cerradas y en retornar al diálogo verdadero y la cordura. Pero con este grave retroceso en materia de derechos humanos, más bien se manifiesta la intención contraria, empezando un año con actitudes equivocadas que llevarán a trágicas consecuencias, y pretendiendo que en este tema, el país regrese a la impunidad y al oscurantismo.