Prensa Libre

International y se descubrió, además, que incurrieron en prácticas no éticas e ilegales de “escuchas telefónicas” de celulares privados, para incrementar esos detalles grotescos que daban más “atractivo” a su cobertura noticiosa.

Las escuchas se dieron desde las familias de soldados caídos en Irak hasta miembros de la familia Real o del partido Laborista.

Murdoch es propietario de un sinnúmero de medios en Inglaterra y Australia, además de Fox TV y Fox News en EE. UU., que abiertamente desarrollan una campaña contra el presidente Obama, a quien cuestionan en cualquier decisión, apoyando al “tea party” y al ala extrema del partido Republicano.

Por el escándalo, Murdoch cerró el periódico, con más de cien años de existencia, y se vio forzado a renunciar a la iniciativa de comprar la mayoría de acciones del canal Sky News, uno de los más populares del Reino Unido.

Este hecho vino a ratificar un principio que se aplica a la libertad de expresión y libertad de prensa del mundo entero. No es admisible la concentración de medios con tendencia monopólica, pues llevan a una distorsión de la información por intereses propios, violando el principio de diversidad y pluralismo que debe regir a los medios para que el pueblo pueda construir un pensamiento propio e independiente y desarrollar sus propias opiniones.

La concentración de medios en pocas manos distorsiona, además, el debate político, dándole un peso desmedido en el ámbito político que les permite apoyar a quienes piensan como ellos, favoreciendo sus intereses, y les permite influir indebidamente sobre procesos electorales y el ejercicio del poder político.

Lo mismo sucede en Italia, donde coincide la concentración del poder político con la concentración de la mayoría de medios, lo cual facilita mantener el poder con impunidad, a pesar de los escándalos.

En Guatemala pasa algo similar con la connivencia del Gobierno y el Congreso de la República, pues nadie se atreve a enfrentar al monopolio unipersonal de la televisión abierta, que además cuenta con más de 30 radios en el país.

La concesión estatal —usufructo— de los canales se vence en noviembre, y nadie se atreve a proponer cambiar la situación. Incluso hay partidos políticos en el Congreso que han planteado la renovación automática de la concesión e incluso pretenden ampliar el tiempo. Diputados y partidos se oponen a discutir la ley que reconoce a las radios comunitarias, lo cual constituye un elemento grave de discriminación a las comunidades rurales, y en especial las comunidades indígenas, pues la comunicación y acceso a los medios solo es posible para quienes pueden pagar ese derecho.

La concentración de propiedad de los medios distorsiona el debate político y las posibilidades de participación ciudadana. Con la progresiva concentración basada en el dinero, corremos el riesgo de que el crimen organizado empiece a comprarlos, amenazando la precaria democracia del país.