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13/05/13 - 00:00 Opinión

Prisma económico

Sobre Petrocaribe

Petrocaribe (PC) surge en 2005, como una iniciativa del Gobierno de Hugo Chávez, con algunas características similares a los del Acuerdo de San José (ASJ), un programa conjunto de los gobiernos de México y Venezuela que estuvo vigente desde 1980, para asegurar el suministro diario de petróleo y derivados a los 11 países participantes, entre ellos Guatemala, contemplando, además, un esquema de cooperación para financiar proyectos de desarrollo social y económico. Los objetivos de PC son parecidos pero, a diferencia del ASJ que contemplaba líneas de crédito por montos limitados y en condiciones de mercado, permite financiar hasta el 50% del importe de la factura a largo plazo con tasas de interés del 1%. La relación dentro de esta iniciativa es de Gobierno a Gobierno, por tanto requiere que los países que participen tengan una instancia gubernamental de contraparte, y es así como en varios de dichos países se han creado empresas denominadas “mixtas” en donde el Gobierno de Venezuela participa como accionista mayoritario.

María Antonieta de Bonilla

MARíA ANTONIETA DE BONILLA


PC despertó un mayor interés con la escalada de precios del petróleo a partir de 2005, que elevó el precio hasta US$147 por barril en julio de 2008. Ante la fuerte presión en las finanzas públicas de aquellos países con factura petrolera a cargo del Estado, y la inviabilidad política y social de ajustar los precios internos, muchos vieron PC como una salida. En el caso de Guatemala, a pesar de tener un esquema diferente, dado que la importación y comercialización de hidrocarburos está a cargo de empresas privadas desde 1997, el interés del Gobierno de Colom por participar devino del financiamiento barato que se obtendría; sin embargo, el esquema por medio del cual se haría operativa su implementación nunca estuvo claro. Luego de la intensificación de la crisis internacional en octubre de 2008, el precio del petróleo descendió abruptamente hasta llegar a US$40 por barril a finales de 2009 y PC pierde atractivo. El mismo Gobierno de Venezuela deja de promoverla con la misma intensidad.

Con la reciente noticia de que el Gobierno estaría nuevamente interesado en activar su participación en PC, han surgido muchas interrogantes sobre las implicaciones que tendría para el país. Dejando a un lado las consideraciones de orden político y otras como las relacionadas con la necesidad que habría de que el Estado vuelva a tener algún tipo de participación activa en el mercado de hidrocarburos, y que esta no fue una experiencia positiva en el pasado, dado que PC no contempla precios más baratos de venta, el principal beneficio se circunscribiría a la obtención de financiamiento con características muy blandas. En ese contexto, las consideraciones sobre el impacto macroeconómico y la transparencia se vuelven el foco principal de atención, sobre todo tomando en cuenta que algunos gobiernos participantes han manejado estos recursos extrapresupuestariamente. Es por ello que los recursos provenientes de un eventual financiamiento de PC tendrían que enmarcarse plenamente en la política fiscal del país y como tal incluirse explícitamente en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, pasando la discusión sobre el endeudamiento público que conlleva a ser parte del análisis integral del presupuesto.


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