
Las raquíticas economías de los países centroamericanos y del Caribe y sus endebles sistemas de seguridad y justicia imposibilitan el diseño de acciones exitosas contra el narcotráfico, y por eso se hace necesaria —muy a pesar de quienes abominan de la injerencia extranjera— la cooperación de organismos y países con recursos de todo tipo, a fin de tener éxito en el combate del peor flagelo en contra de la paz social tras el silenciamiento de los fusiles de los conflictos armados de las parcelas istmeñas.
Al cabo de mucho tiempo de aparente olvido en el avance incontenible del narcotráfico en la región, EE. UU. dio muestras ayer de interés en medidas para frenar esa expresión del crimen organizado cuyo comercio tiene como punto de mira el alto consumo de cocaína, heroína y otros estupefacientes en aquella nación, y el poder de compra de los narcotraficantes en control de sus mercados.
El plan en ciernes, anunciado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, tendrá, sin duda, un efecto de dos vías, pues por un lado levantará la alicaída moral de los gobiernos del Istmo, a causa de su imposibilidad económica y operativa para enfrentar a los poderosos barones de la droga, y por el otro constituirá una advertencia para esos delincuentes acerca de la disposición institucional de combatirlos. Esa estrategia de dimensiones internacionales es necesaria, porque las tímidas medidas de nuestros países en contra del crimen organizado son insuficientes para diezmar su dominio.
Aunque resulte molesto y hasta doloroso reconocerlo, tiene razón la señora Clinton cuando da a las poderosas bandas armadas de aquellos criminales la connotación de insurgentes, porque junto con su amplio pertrechaje y poder de fuego, subvierten el corazón de las instituciones de seguridad y justicia del Estado, ya sea mediante el soborno de funcionarios o por medio de la coacción, la amenaza y hasta represalias en contra de quienes se resisten a sus presiones.
Guatemala es probablemente el territorio más estratégico en los múltiples intereses y en las operaciones del narcotráfico, porque es puente y bodega de la droga producida en Sudamérica y destinada a los EE. UU. Esa característica, más la sangrienta guerra del gobierno mexicano contra los carteles, en razón de la cual nuestro país ha pasado a ser, también, un refugio de fugitivos, acrecienta la vulnerabilidad nacional ante sus acometidas hacia todos los estamentos sociales, incluidos los de naturaleza económica y financiera, para el lavado de dinero sucio y legalización de propiedades.
Por ese cáncer en el alma de nuestro sistema financiero, el Estado está obligado a acelerar las medidas destinadas a dificultar aquel cúmulo de operaciones, como de manera oportuna y acertada lo está haciendo nuestro vecino México. No obstante, la principal debilidad para tener éxito en el freno de esos mafiosos lo sigue constituyendo la demanda de drogas en EE. UU., un aspecto insuficientemente atendido por el gobierno de aquel país, pese a constituir el epicentro de este intrincado desafío. El dilema es claro: mientras haya demanda de drogas, será dificultoso contener la oferta.
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