En el Estado corporativo de nuestros días contrariamente se fortalece la idea liberal de reducir el poder público a su mínima expresión.

Liberalismo del diente al labio que durante las crisis acude al auxilio del Gobierno, como tabla salvadora, y este se apresura a cumplir su función no escrita de socio minoritario.

Se trata de un  visible tránsito de la naturaleza del Estado social, hacia una  nueva forma de existencia y funcionamiento, mediante un acelerado proceso de privatización iniciado en 1954.

Una primera medida política,  con ropaje  legal, es la venta de activos del Estado:   servicios telefónicos, electricidad, transporte (ferrocarriles y aviación comercial);  empresas nacionales como los silos de INDECA,  las frecuencias radioeléctricas, etcétera.

Esos bienes y servicios fueron vendidos a precio de quemazón y el Gobierno en poco tiempo gastó el dinero recibido. Ahora está sin esos bienes y servicios y sin el dinero, como lo prueba  la actual crisis financiera de incapacidad de pago  y  la escasez de recursos para combatir el crimen.

Otra es la privatización de casi todas actividades del Organismo Ejecutivo.  Desde hace décadas ha pasado de ser el centro de gravedad de la vida social de los guatemaltecos a un centro de negocios. Así  hemos visto en el pasado a funcionarios de alta  jerarquía pública viajando al extranjero al frente de grupos empresariales guatemaltecos interesados en fomentar el intercambio comercial, cuando la dinámica de los negocios privados es función propia del empresariado, que sabe hacer mejor las cosas. No es atribución  de los funcionarios públicos.

Y cuando se presenta un conflicto entre una empresa  extranjera que usufructúa  grandes extensiones de tierra guatemalteca,  y los pobladores de la misma jurisdicción, el Estado envía  sus agentes armados con  instrucciones de proteger al  inversionista, a tiros si es necesario.

Esa es la vía por la cual van desapareciendo aceleradamente   las diferencias entre las funciones del poder político representado por el Gobierno  y los intereses del poder económico nacional y extranjero.  El timón de la vida nacional pasa entonces a manos de estos últimos, como se hace patente en las elecciones generales, pues  son,  al final de cuentas, los grandes electores.

En forma global el Organismo Ejecutivo se privatiza.  El ministerio de Comunicaciones,  Infraestructura y Vivienda  —por ejemplo— ya no construye   carreteras.  Son construidas, mediante contratos, por empresas privadas. Antes  eran construidas   por la Dirección General de Caminos.  Si en  su creciente  lucha contra la delincuencia  el Estado resuelve construir un centro penitenciario,  contrata  a una empresa privada y  esta  desarrolla el proyecto  e impone los costes de la construcción.  Y  ejemplos como estos abundan.  

A nadie escapa ya que la subsunción  del interés  privado en las funciones sociales del Gobierno, produce una disminución del poder político para la recaudación de impuestos  y causa el desprendimiento de las autoridades de su  facultad de investigar a los grandes evasores.

Los efectos de la privatización del Gobierno y sus dependencias saltan a la vista. Mientras la población crece   y sus necesidades vitales aumentan  (una de ellas es la administración de justicia)  las arcas nacionales están vacías, cuando su riqueza debería crecer en proporción directa al crecimiento de la población y, muy en particular,  de los grandes negocios.