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Prensa Libre

29/01/13 - 00:00 Opinión

PANÓPTICA

Presupuesto participativo

En los albores del proceso de formulación del presupuesto anual y multianual de Guatemala, es oportuno replantear el debate sobre los mecanismos tendientes al diseño de presupuestos participativos, especialmente en el ámbito municipal, donde en esencia se busca democratizar la relación entre ciudadanía, Estado y gobierno local. El presupuesto per se es una herramienta de política gubernativa mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en las políticas públicas y planes de desarrollo socioeconómico en un período dado.

FRANCO MARTíNEZ MONT

El presupuesto, por lo tanto, es un dispositivo de poder real.

El presupuesto participativo es un proceso mediante el cual la ciudadanía analiza, discute y decide sobre la asignación del presupuesto municipal sobre la parte que está destinada a la inversión pública —elemento clave para el clivaje de las redes clientelares—, ya que no se puede discutir sobre los compromisos de deuda y gastos de funcionamiento municipal.

Dicho instrumento debe constituirse en la bisagra articuladora —ante las falencias del diseño institucional democrático—, para hacer más inclusiva la democracia representativa y combatir el centralismo político-presupuestario.

Los antecedentes del presupuesto participativo se remontan a 1989, en Porto Alegre, donde estas experiencias de gestión pública han institucionalizado instancias ciudadanas en la priorización, planificación, ejecución y evaluación de los programas presupuestarios enfocados a resolver demandas sociales.

En nuestro país, luego de la firma de los acuerdos de paz —dada la efervescencia sociopolítica que produjo este hito histórico—, se ha gestado una serie de intentonas de presupuesto participativo en municipios como Quetzaltenango, San Juan Olintepeque, Cabricán, San Juan Comalapa y otros más, apoyados técnicamente por organismos internacionales y ONG.

Empero, estos “laboratorios prácticos” del buen gobierno local no han sido procesos armonizados y permanentes destinados a la consolidación de la vinculación plan-presupuesto-auditoría social, ya que variables sistémicas como la opacidad, elitismo en toma decisiones, nepotismo y corrupción han predominado en la esfera pública.

El marco jurídico que sustenta la implementación de presupuesto participativo se afinca en la Carta Magna, Ley del Organismo Ejecutivo, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley General de Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Código Municipal, etcétera.

Finalmente, es importante mencionar que el artículo 132 del vigente Código Municipal claramente establece la participación de las organizaciones comunitarias en la formulación del presupuesto municipal, en donde el Concejo es el ente encargado de comunicar y discutir con los órganos municipales los proyectos que desean incluir en el presupuesto de inversión, los gastos de funcionamiento y definir los criterios y limitaciones técnicas, financieras y políticas que incidieron en la inclusión o exclusión de los proyectos en el presupuesto municipal, y en su caso, la programación diferida de los mismos.

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