Prensa Libre

RENZO LAUTARO ROSAL

A pesar de los reiterados llamados, solamente se habilitaron mesas de votación en la capital y en Quetzaltenango. La negativa obedece al sentido de control de los votantes en los dos epicentros que han sido determinantes en las elecciones.

La limitada participación de profesionales en planillas indica, además de la apatía que invade todas las manifestaciones profesionales, la idea generalizada sobre el poco margen de maniobra que tendrían los contadores honestos.

Queda la duda de los intereses que están por detrás de las cuatro planillas participantes. Al menos tres de ellas parecen responder a los mismos que han controlado el Colegio de Abogados y Notarios, y los hilos del control en varias instituciones públicas. Poco se sabe de los candidatos que se han perfilado. Siguen privando los “grises”, en donde la evaluación del desempeño tiene poco que decir, tanto en positivo como en negativo. Los focos de atención en la siguiente fase deberán multiplicarse para dejar claro a qué sectores y personas responden los siete profesionales que resultarán de estas dos elecciones.

Tal como se perfila el proceso, el peso determinante en la postuladora serán los decanos universitarios; sus actuaciones serán la pieza clave. Los primeros resultados no son promisorios. El rompecabezas comienza a tomar forma oscura. La auditoría ciudadana debe elevarse para intentar modificar un resultado que no pinta fácil. La observancia debe duplicarse para vigilar la actuación del coordinador de la Comisión, cuestionada decisión que ha recaído en el rector de la Usac.

Adquieren especial sentido las Normas de Ética Profesional del Contador Público y Auditor, donde indica que “El Contador Público que desempeñe un cargo en los sectores privados o públicos no debe participar en la planeación o ejecución de actos que puedan calificarse de deshonestos o indignos, o que originen o fomenten la corrupción en la administración de los negocios de la cosa pública”.

Con este proceso y la siguiente elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cesarán por tres años las participaciones de los colegios profesionales; período que debe servir para reorientar sus cuestionadas actuaciones, decisiones e intereses a los cuales responde la mayoría de sus cuadros de dirección.