Prensa Libre

Hay un movimiento social

enérgico contra la famosa ley que el estado de Arizona ha promulgado contra los migrantes y la criminalización de estos. De entrada, no estoy de acuerdo con limitar la migración ni mucho menos con tomar medidas que la criminalicen. Dejando claro este punto, evidenciemos toda una hipocresía política no por parte de los EE. UU. —si algo tienen es que suelen ser claros y contundentes—, sino más bien por ciertos gobiernos, ONG y grupos sociales de países que se sienten afectados por aquella ley.

La constitución mexicana, el país que más reclama a EE. UU. por ser el que más migrantes tiene en su territorio, tiene un artículo 11 que se refiere a “los extranjeros perniciosos residentes en el país”; otro, el 27, que posibilita a la Secretaría de Relaciones conceder permiso de compra de ciertos bienes a extranjeros, siempre que convenga”; un 32 que dice: “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones en que no sea indispensable la calidad de ciudadano”. Tampoco podrán los extranjeros servir en el Ejército o en las fuerzas de Policía; el 33 es un poco más contundente: “El Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue conveniente”. Además, los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país. La guatemalteca no es menos. Diferencia entre ciudadanos de origen y naturalizados, teniendo estos últimos menos derechos, aunque las mismas obligaciones. Prefiere a los trabajadores guatemaltecos en lugar de los extranjeros en igualdad de condiciones (102-n) o requiere autorización del Ejecutivo para adquirir propiedades o inmuebles en ciertos lugares (122). La “progresista” de Costa Rica tiene un título particular para los extranjeros, a quienes impide intervenir en los asuntos políticos del país (título III) o no permite que sean dirigentes sindicales o tengan autoridad alguna dentro de esas organizaciones. Finalmente, la de El Salvador impide también que los extranjeros participen, directa o indirectamente, en la política interna del país, bajo pena de perder el derecho de residencia (97), sujetándolos a una ley especial en materia de adquisiciones de ciertos bienes (100 y 109).

Muchos países que hacen ruido contra aquella ley norteamericana tienen en sus legislaciones impedimentos mayores o iguales que los que el estado de Arizona quiere implementar. Sin embargo, no hay crítica interna que los haga desaparecer. ¿Quiénes dirigen los sindicatos de migrantes en EE. UU., sino extranjeros? ¿Quiénes intervienen en la política nacional norteamericana, sino extranjeros? ¿Qué importante composición tienen los ejércitos estadounidenses, sino extranjeros? ¿Quién es gobernador de California, sino un extranjero? ¿Podría ocurrir todo aquello en países latinos? Señalamos el error en el vecino del norte sin ver el desastre que tenemos en nuestra propia casa. Ellos, al menos, son autocríticos y capaces de aceptar la inconformidad nacional y extranjera. ¿Podríamos nosotros hacerlo? Otra vez la doble moral, aunque en esta ocasión no es achacable a los gringos, resulta que nosotros ya hemos aprendido lo que es la hipocresía política y cómo manejar la opinión pública con lamentos, sollozos, alusiones a los derechos humanos y otras pamplinas similares. Pobres, miserables y migrantes, pero no estúpidos ¡Listos que somos los latinos!