Prensa Libre

FRANCISCA GóMEZ GRIJALVA

 infraestructura adecuada y el necesario incremento del presupuesto del Ministerio de Educación.

Además, las características de esta reforma educativa que el gobierno insiste en implantar evidencian que el férreo interés de convertir el derecho a la educación en una mercancía para beneficio exclusivo de este sistema económico y político que históricamente ha imperado en Guatemala y que se caracteriza por ser clasista, racista, sexista y militarista.

Es innegable que el hecho de que Guatemala sea uno de los países de Latinoamérica que presenta elevados índices de analfabetismo, pobreza y extrema pobreza, es resultado de un sistema económico y social desigual que ha excluido durante siglos a un gran porcentaje de la población de sus derechos fundamentales, entre los que figura el derecho a la educación, a pesar de que en la Constitución Política de la República se establece que la educación es laica, obligatoria y gratuita.

Indudablemente, una reforma educativa es pieza fundamental para que un país avance por los senderos de las transformaciones sociales, políticas y económicas. No obstante su aprobación e implementación deben necesariamente contemplar la plena participación de las y los estudiantes, docentes, madres y padres de familia, requiere de un proceso de diálogo real, y no de abuso de poder.

De acuerdo con la primera encuesta nacional de juventud en Guatemala, con base en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2011 la población aproximada en este país era de 14,713,763 habitantes, de los cuales, 10,211,887 serían menores de 30 años y 4,152,411 tendrían entre 15 y 29 años de edad (ENJU, 2011). Estos datos estadísticos revelan que efectivamente Guatemala es un país joven.

En ese sentido, si la niñez y las juventudes garífuna, maya, ladina y xinka son el futuro de este país, preocupa que el gobierno de Otto Pérez Molina se empeñe en criminalizar la resistencia de la población estudiantil que exige una reforma educativa que contemple la calidad educativa y descarte el aumento de años para formarse como maestras y maestros con pensamiento crítico y actitud creativa frente a las exigencias de los acelerados y deshumanizantes cambios que está provocando el sistema capitalista.

El ejercicio de la violencia y el abuso de fuerza de seguridad pública por parte del gobierno demuestran su poco interés y voluntad política para construir un diálogo comprometido y respetuoso, capaz de escuchar, analizar y comprender las necesidades educativas que tiene la población guatemalteca. Se espera que Otto Pérez flexibilice su postura y dé el ejemplo al diálogo horizontal.