Prensa Libre

El tono severo del reclamo presidencial a los abusos y la ineficiencia de la PNC causa alivio y esperanza de que haya un cambio en la institución que ostenta el monopolio del uso de la fuerza. Lamentable y trágicamente, esta dispensa constitucional no se ha empleado para cumplir con el mandato de resguardar la vida y los bienes de los guatemaltecos, sino para hostigarlos y poner en riesgo su vida, y para servir, en ciertos casos, a fines inconfesables de la criminalidad y de poderes fácticos.

A causa de su incapacidad en el combate del crimen, y sumado a las arbitrariedades de los agentes y su manera de relacionarse con la comunidad, la PNC se encuentra hundida en un desprestigio profundo. Nadie confía en ella, aunque cuente con algunos integrantes diligentes y responsables; y la mejor expresión de ese recelo es que las personas sienten angustia y temor cuando son interceptadas por policías, algo muy distinto a lo que ocurre en otros países, en los que los ciudadanos se sienten seguros y agradecidos con este tipo de prácticas preventivas del delito.

La experiencia de Pérez en seguridad le ha de ayudar a comprender la gravedad de la descomposición policial y la dificultad para atacarla, pues involucra a altos mandos y agentes por igual. Se sabe que los jefes inducen a sus subordinados a exacciones y otros procedimientos extorsivos en contra de personas particulares, transportistas y empresarios, al exigirles cuotas de dinero, lo que a su vez deja a estos el camino libre para procurarse beneficios.

El alto número de integrantes de la PNC y la complejidad territorial dificultan la supervisión del comportamiento. Esta tarea, en especial asignada a la Oficina de Responsabilidad Profesional, ha estado descuidada intencionalmente, porque esa tolerancia es parte de un esquema de corrupción que también ha beneficiado a esa unidad.

Existen a lo interno diversas conductas toleradas, como la ebriedad, la agresividad y la altanería en contra de la población, que vienen a ser nada ante otros sucesos terribles en los que se han visto implicados policías, como secuestros, extorsiones, asaltos, robos y ejecuciones extrajudiciales. Es común, al respecto, que autopatrullas instalen auténticos puestos de asalto, tanto dentro como fuera de sus rutas, operaciones que, se supone, solo están permitidas en retenes autorizados e identificados.

El cúmulo de atropellos de la PNC hace difícil el cambio de la mala imagen social acerca de ese cuerpo. Pero no es imposible: todo depende de que este gobierno logre romper el mito de que es insalvable, y pueda cambiarla, de su actual estructura improductiva y tenebrosa, a una instancia respetuosa de la ley y de los derechos humanos. Y sobre todo, que muestre resultados en el combate de la delincuencia, de cuyo auge carga con una altísima responsabilidad.