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12/05/13 - 01:15 Opinión

Responsabilidad compartida

Están a punto de concluir las sesiones ordinarias en el Congreso y las esperanzas de algunos incautos se cifran en lo que se podría lograr en algunas reuniones extraordinarias, algo que difícilmente ocurrirá porque lo observado hasta ahora permite concluir que en ese organismo no existe la más mínima voluntad de poner en marcha una agenda que cambie en algo el actual estado de cosas, empezando por el partido oficialista, que ha boicoteado el desarrollo de las últimas reuniones.

EDITORIAL

El partido Líder, que es el más señalado de entrampar la agenda, no ha encontrado mejor aliado que los diputados patriotistas, empezando por el presidente del Legislativo, quien a saber bajo qué directrices ha cancelado las últimas reuniones con cualquier pretexto, con lo que se suma a las figuras que actúan de manera incongruente con los intereses nacionales, porque en ese organismo está estancado el avance de normativas que de verdad son relevantes para la dinámica nacional.

Resulta incomprensible que la obcecación de los protagonistas enfrascados en esa estéril confrontación no pueda encontrar puntos de interés común para hacer que, por ejemplo, se apruebe en un tiempo prudencial el acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea, o que se le pueda dar viabilidad a la integración del Consejo del Ministerio Público, de lo cual depende también una purga en esa institución, que tan urgida está de emprender una depuración en sus filas que se ha postergado por demasiado tiempo.

En la reunión del pasado martes, fue evidente que a los oficialistas no les interesaba enfrentar el bochorno de que el pleno no aprobara el estado de Sitio impuesto en municipios de Santa Rosa y Jalapa, porque efectivamente existía esa posibilidad, y entonces se optó por algo peor, como fue pretender que una comisión específica le diera el visto bueno, cuando es sabido que la Constitución establece que esas medidas deben ratificarse en las 72 horas siguientes a su promulgación, lo que al no ocurrir obligó al Gobierno a dar marcha atrás.

Pero lo mismo sucede con la integración de la comisión pesquisidora que debe evaluar el proceder de la ministra de Educación, que el oficialismo está tratando de evadir de manera infructuosa, pues es un mandato de la Corte Suprema de Justicia que debe cumplirse a la mayor brevedad, y aunque se pueda dilatar su conformación, lo más importante es destacar los escarceos oficialistas por pretender burlar el ordenamiento jurídico, lo que a su vez denota una extrema falta de confianza en la mayoría parlamentaria con la que cuenta en el Congreso.

Hay también muchas otras leyes que de verdad son de urgencia para los guatemaltecos, como el paquete que aborda la modernización del sector justicia, o las relativas a la transparencia, pero es obvio que esas iniciativas tampoco cobrarán vigencia en el mediano plazo, pues tanto el partido oficialista como quienes integran el principal opositor no parecen tener interés en desentrampar la agenda legislativa, como lo evidencia el hecho de que el boicoteo de las últimas plenarias es de la absoluta responsabilidad del ala naranja.


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