Prensa Libre

JOSé RAúL GONZáLEZ MERLO

 Ahora que está de moda “salir a la caza” de tributarios, vale la pena reflexionar sobre la autoridad legal con la que los funcionarios públicos actúan y contrastarla con la autoridad moral para determinar si el ejercicio de su poder es o no legítimo.

Si usted recibe la “visita” de los inspectores fiscales, tendrá un plazo de tres días para entregarles las centenas de documentos que le requerirán, so pena de que, de faltarle alguno, será procesado por el delito de “resistencia a la acción fiscalizadora”. No se equivoque en alguna declaración de aduanas porque la autoridad le impondrá hasta US$1 mil de multa. Cometa un error en su declaración de impuestos y la multa será del cien por cien del impuesto más intereses punitivos. Está claro que usted no tiene margen de error. El fisco le exige perfección… y aún así, está sujeto a sus caprichosas interpretaciones de la ley.

Por otra parte, ¿quién, en el sector público, se hace responsable por los errores con los que se publicaron las recientes leyes fiscales? Nadie. Los funcionarios son irresponsables en el sentido literal de la palabra. Allí está el ejemplo de los cerca de Q2 mil millones de IVA pendiente de devolución a los exportadores. Desde hace años la SAT utiliza cuanta artimaña ilegal se le ocurre para que dichos fondos no se devuelvan. Cerca de la mitad de ese monto les corresponde a exportadores de café, quienes, en medio de la crisis de la roya, tienen que lidiar también con la crisis de descapitalización provocada por el Gobierno…

Claramente no existe simetría en cuanto a las responsabilidades legales. Quédele a deber al fisco y lo mandarán a la cárcel por “apropiación indebida”. Pero si es el fisco el que le debe a usted, la historia de la devolución será un calvario. El Gobierno sí se puede dar el lujo de apropiarse indebidamente de su capital de trabajo. La cantidad de trámites para recuperar los fondos está diseñada para agotarlo, provocarle innecesarios gastos legales y, eventualmente, desesperarlo o quebrarlo con tal de no devolverle su dinero. Hay una doble moral: “A los funcionarios públicos la impunidad, a los tributarios, la ley”…

La SAT ha matizado sus declaraciones iniciales. Ahora dicen que no será una “cacería”, sino que saldrán a recaudar impuestos con “todo respeto al Derecho”. Pero así como usted necesita de una “solvencia fiscal” para operar, el fisco también necesita de una “solvencia moral” para cobrarle. Y ese trámite está pendiente. No se vale ni es moral agenciarse impuestos con base en la apropiación indebida de los fondos de los tributarios.