Cuando más notoria se vuelve esa separación es con aquellas dependencias que manejan prominentes presupuestos y en los cuales la rendición de cuentas a menudo es relegada bajo la justificación de la premura o la seguridad.

Uno de estos casos es el planteado el pasado miércoles por el ministro de Gobernación a integrantes de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, de la Comisión de Legislación del Congreso, a quienes les comunicó que en los próximos meses se concluirá la elaboración de 900 juegos de planos para la construcción de módulos de ampliación en dos cárceles del país.

Lo primero que llama la atención es que el gasto por un millardo de quetzales que requerirá esa construcción se hará por la modalidad de excepción y mediante un acuerdo de urgencia nacional, prácticamente a un año y medio del fin del gobierno.

De nuevo, por más que se intente plantear este nuevo negocio como una necesidad, no se puede continuar por la ruta de gastos tan voluminosos cuando se está atendiendo el problema de manera parcial. Ciertamente, el sistema penitenciario requiere de una transformación, pero resulta cuestionable que el tema se haya relegado hasta ahora.

Para empezar, una de las revisiones necesarias pasa por distinguir entre la población carcelaria a aquellos que ya cumplieron su pena o purgan delitos menores. Existen muchos casos de privados de libertad que llevan años y ni siquiera han enfrentado juicio. Hay también otras situaciones en las que efectivamente se pueden aplicar otro tipo de medidas, y aún aquellos en los que se sospecha de malos procedimientos para la encarcelación, que solo contribuyen a acrecentar el hacinamiento carcelario.

De hecho, en países avanzados el desafío del hacinamiento se afronta primeramente por esta vía, puesto que el problema de la sobrepoblación no solo implica tener más espacio para el encierro, sino también más gastos en alimentación, vigilancia, transporte, electricidad y demás rubros.

El proyecto de Q1 mil millones para la ampliación de estas dos cárceles debería revisarse, puesto que se está privilegiando la aceleración de un gasto que quizá esté dedicado para beneficiar a más de algún funcionario o contratista.

No es difícil deducir lo malo que puede ser este negocio, cuando no se han solucionado problemas como el trasiego de celulares y drogas a los centros penitenciarios. Incluso uno de los expertos más prominentes en rehabilitación señala con gran acierto, con una simple regla de tres, que si se va a gastar tal cifra para poder alojar a cinco mil 760 reclusos más, eso implica que cada cupo tendrá un valor aproximado de 170 mil quetzales, algo que a todas luces parece descabellado cuando existen prioridades en educación, salud y aun en seguridad y justicia.