Prensa Libre

JULIO LIGORRíA CARBALLIDO

ha convertido en el proyecto inicial de su segundo período presidencial.

De 1986 a la fecha no se ha producido una reforma migratoria real. En esa época, el presidente republicano Ronald Reagan abrió la puerta a la legalización de unos tres millones de migrantes indocumentados —cerca del 40% de la población ilegal oficialmente estimada— y aunque muchos sectores señalaron como incompleta la ley porque no controlaba el creciente flujo de quienes buscan el sueño americano, los efectos fueron positivos para la integración de una masa social importante. Los migrantes latinoamericanos, se fueron convirtiendo en una fuerza política, electoral y hasta militar importante, tanto como para haber sido decisiva en varias elecciones, haber combatido en las guerras.

La idea de reformar las leyes migratorias no es necesariamente novedosa. Años atrás, el entonces presidente Bill Clinton había mencionado la posibilidad de regularizar a los migrantes ilegales, convirtiéndoles en contribuyentes y ciudadanos, con todas sus obligaciones y derechos.

Es ese ejercicio de sumar cerebros, impuestos, mano de obra calificada e inversionistas lo que subyace en la propuesta del presidente Obama. Busca a la vez reducir o controlar focos de conflictividad racial, porque aun y cuando eso no se diga en voz alta, la consecuencia de una reforma migratoria integral será esa.

Aunque la esperanza por una pronta reforma migratoria integral no se ve tan lejana en el tiempo —Obama cree lograrla antes de que termine este año— Guatemala debe continuar el trámite del TPS para sus indocumentados ante la Unión Americana. Nada extraño tendría una prolongada discusión de la Reforma entre senadores y congresistas norteamericanos, y mientras tanto crecerán las deportaciones de chapines, con el impacto directo en la economía y el ánimo nacionales. ¿El ánimo? Sí. Cada deportado trae en sus bolsillos una historia de sacrificio que se torna estéril cuando lo capturan y devuelven al país. El impacto social que tiene cada retornado no se logra cuantificar colectivamente y solo quienes han corrido la aventura de viajar ilegalmente tras una oportunidad en Estados Unidos saben cuánto pesa regresar sin haber logrado la meta.

Por eso resulta sana la decisión del Gobierno por seguir apoyando la búsqueda del TPS para los chapines. Mientras se define la reforma, el Servicio de Migración no suspenderá las redadas; los riesgos no amainarán para los indocumentados y aumenta el riesgo que, ante la expectativa de un cambio a mediano plazo, las condiciones para nuestros connacionales —y todos los ilegales— empeoren. Hablamos de unos 850 mil guatemaltecos para quienes un TPS sería la oportunidad de esperar la reforma con un ápice de paz. Hablamos de un esfuerzo que el gobierno guatemalteco debe acelerar, por el bien de todos. Hablamos, en pocas palabras, de una obligación moral que otros gobiernos no quisieron cumplir y que ahora podría convertirse en realidad.