Prensa Libre

y privados saqueados y destruidos ni responder penalmente por atacar y herir a personas, y que —oh, ironía— hasta pueden demandar a las autoridades que los metieron en la cárcel.

Como aconteció en Santa Cruz Barrillas con la fiscal Gilda Aguilar, por solicitar 33 órdenes de captura de líderes comunitarios responsables de los disturbios en los que perdió la vida una persona, el ataque al destacamento militar, la agresión al mayor del Ejército a quien le robaron un fusil AK47 y el saqueo e incendio del hotel en donde se alojaban los trabajadores de la hidroeléctrica.

La misma fiscal Gilda Aguilar relató que recibió una visita de la jefa del Ministerio Público y del secretario general Mynor Melgar, en la que se le increpó por haber girado esas órdenes de captura. Posteriormente dos diputados la denunciaron en el Ministerio Público.

Como lo señalara el Dr. De la Torre en su leída columna el jueves pasado, sobre los casos arriba descritos: “nuestra fiscal general retuerce arbitrariamente el sentido de las leyes como si fuera superior al Congreso, al Código Procesal Penal y a la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo a muy subjetivas simpatías y antipatías hacia personas, lo que es irreconciliable con toda versión de un Estado de Derecho que busque precisamente la salvaguardia imparcial de los derechos individuales inalienables, ya reconocidos como superiores y anteriores al mismo Estado”.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, declaró el día de ayer a los medios de comunicación que en el caso de Chichicastenango, los líderes lo están presionando para que “les devuelva a los capturados y nosotros hemos venido diciendo a lo largo de este tiempo que la gente se confunde. Hay quienes insisten en decir que estamos criminalizando las protestas sociales, y no es cierto”.

Ese es el patrón que han seguido en todos los disturbios. Atacar, agredir, destruir, vandalizar, y después, cuando se captura a los responsables, sacarlos libres luego de “dialogar”.

El diálogo es necesario en cualquier disturbio, pero una cosa es dialogar y la otra ceder ante las presiones para violar la ley. Es lo que ha acontecido varias veces en el último año, sentando peligrosos antecedentes, replicando un mensaje de ingobernabilidad e impunidad. En otras palabras —que el crimen, el desorden y la protesta ilegal— pagan.

La tragedia de Totonicapán tiene lecciones para todos, no solo para el Gobierno. Sin embargo, estas lecciones no han sido aprendidas por los grupos organizados responsables de articular movilizaciones. Surgen ahora facciones anónimas del mismo tumor en las acciones terroristas organizadas en contra de la mina San Rafael. En el último ataque es evidente que hay más que grupos de vecinos rechazando la minería. Ahí hay huella de algo mucho más grande. Algo que trasciende la protesta social y con vínculos a grupos paramilitares que demuestran un colmillo y una osadía inusual.

Si dejamos que sigan adelante se abrirá una caja de Pandora de donde saldrán toda clase de demonios.

Dios nos ayude.