Prensa Libre

POR FRANCO MARTíNEZ MONT

 por las implicaciones económicas que conlleva para las élites empresariales —oligarquía terrateniente monoproductora—, reticencia pseudocriolla al reconocimiento histórico del despojo de tierra de los pueblos de “indios”, litigios agrarios engavetados y por la esquizofrenia anticomunistoide de la Guerra Fría.

La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral vigente es un esfuerzo público que reconoce la importancia que tiene el ámbito de lo rural, tanto por sus problemáticas y rezagos como por sus potencialidades, su rol económico en la búsqueda del desarrollo humano basado en la justicia social, especialmente en esta coyuntura de crisis financiera global, con su negativo impacto socioeconómico, productivo y ambiental, incrementando la tasa de desempleo —7% jóvenes— (Enei, 2011). Acá es importante recordar la importancia de la aprobación de la ley en esta materia, aunque per se no genera una transformación rural, establece un marco regulatorio de obligatoriedad para la alineación de institucionalidad pública.

Si bien es un tema multidimensional, la pertinencia de las condiciones políticas —pulsos de poder— ahora están dadas para que el gabinete de gobierno priorice entrarle al tuétano a esta problemática, basándose en el artículo 118 de la Carta Magna, Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el eje de desarrollo rural sostenible de la Agenda del Cambio, ya que las exigencias ciudadanas en torno a la falta de acceso a tierra, inequidad en oportunidades económicas y desocupación en el área rural son detonantes de una conflictividad socioagrícola que seguro permeará los circuitos de estabilidad política del nuevo régimen.

Dicho instrumento de gestión pública plantea garantizar la seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad ambiental, promoviendo estrategias como un mejor ingreso rural, economías de subsistencia, encadenamientos productivos, aprovechamiento de recursos naturales, ordenamiento territorial y certeza jurídica de la tierra. Sin embargo, aunque existen acciones que concretizan dichas estrategias, aún falta definir los ¿cómos?, ¿a quiénes?, ¿con cuánto?, ¿dónde?, ¿qué resultados? y ¿unidades ejecutoras?, a manera de reorientar la calidad de inversión pública donde corresponde, bajo un entramado de probidad y transparencia en el gasto.

Quizá la estrategia estatal radique en la capacidad de cabildeo político de Adrián Zapata con el reducto vanguardista del Cacif, Mipymes, colectivos sociales, academia, el mismo gobierno y otros, a la hora de establecer pactos mínimos de gobernabilidad socioambiental y productiva.